GCL abordó a la CIDH sobre la pena de muerte en el Gran Caribe
Caribe
GCL, una ONG regional que trabaja para la abolición de la pena de muerte, compartió información sobre su trabajo y destacó los retos principales sobre los derechos humanos vinculados a la presencia continua de la pena capital en los sistemas jurídicos de trece países de la región del Gran Caribe.
Leela Ramdeen, Presidenta del GCL dijo: "ha sido demasiado tiempo para las personas de la región del Caribe de levantar las voces para encontrar soluciones más sostenibles y de largo plazo a la criminalidad y la violencia en contra de la inhumanidad de la pena de muerte. Permítanos alentar a los gobiernos de la región para encontrar alternativas a la pena de muerte. Mientras el GCL continúa realizando campañas y trabajando para mejores respuestas a las necesidades de las víctimas y sus familias, creemos que la pena de muerte no hace las sociedades más seguras. Estamos agradecidos por la oportunidad de dirigirnos a la CIDH y compartir nuestras recomendaciones con los comisionados y comisionadas".
"Abordar la criminalidad sin la violación a los derechos humanos"
"La audiencia de hoy ante la CIDH es un acontecimiento histórico, en el cual la sociedad civil abolicionista del Gran Caribe levantó su valiosa voz contra la práctica obsoleta de la pena de muerte. Este evento ciertamente incentivará un diálogo honesto en las Américas sobre la necesidad de abordar la violencia y la criminalidad por nuestros gobiernos sin la violación a los derechos humanos que encarna la pena capital", declaró Carmelo Campos Cruz, Vicepresidente del GCL.
Video de la audiencia a continuación con Leela Ramdeen en inglés y Carmelo Campos Cruz en español
GCL instó a la Comisión para emitir las siguientes recomendaciones dirigidas a todos los Estados miembros de la OEA, particularmente aquellos que aún conservan la pena de muerte:
1. Firmar o ratificar los instrumentos internacionales y regionales que tienen como objetivo la abolición de la pena de muerte.
2. Fortalecer los Sistemas de Justicia Criminal en nuestros países mediante, entre otras acciones, mejorar sus organismos policiales, sus tasas de detección y convicción, sus capacidades forenses e instalaciones de los tribunales que pueden servir para mejorar la eficiencia y el procesamiento de los casos.
3. Solicitar a los Estados retencionistas que son miembros de la OEA a proporcionar información precisa y constante a la CIDH sobre las personas condenadas a muerte y sus características demográficas.
4. Construir sobre los desarrollos positivos en la región y establecer una moratoria sobre las ejecuciones, con miras a abolir la pena capital y conmutar todas las condenas de muerte por penas de prisión.
5. Para el caso especial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, solicitar al gobierno de los Estados Unidos que declare inmediatamente una moratoria en la aplicación de la Ley Federal de Pena de Muerte en Puerto Rico y que prohíba su uso en los procedimientos judiciales.
6. Adoptar las medidas adecuadas para abordar las causas fundamentales de la criminalidad, emplear estrategias efectivas e innovadoras para reducir el crimen y las necesidades de las víctimas del crimen y encontrar medios no letales para proteger a la sociedad de los delincuentes.
Foto: CIDH/Flickr
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