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Con esta guía pedagógica, la Coalición mundial contra
la pena de muerte lanza una iniciativa para la colabo-
ración quiere enriquecerse con las contribuciones de
todos y cada uno.
Esta guía tiene por vocación ser alimentada con
nuevas fichas y nuevos temas.
Será regularmente actualizada en el sitio Internet de la
Coalición Mundial (www.worldcoalition.org).
En nombre de los miembros de la Coalición Mundial,
presentes en más de 30 países en todo el mundo, les
agradecemos su apoyo

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En el presente informe se exponen los desafíos en materia de derechos humanos a la
hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos fundamentales del problema mundial de
las drogas. También se ofrece una reseña de los avances positivos recientes en favor de la
adopción de políticas en materia de drogas más centradas en los derechos humanos y se
proporcionan recomendaciones sobre la manera de avanzar en vista del próximo examen de
mitad de período de la Declaración Ministerial de 2019 y para contribuir a la implementación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

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Según el seguimiento que hace Amnistía Internacional del uso de la pena de muerte en el mundo, en 2023 se tuvo noticia de 1.153 ejecuciones: un aumento del 31% respecto de las 883 de 2022. Sin embargo, hubo un descenso significativo en el número de países que llevaron a cabo ejecuciones, que pasó de 20 en 2022 a 16 en 2023.

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Cada año, la Coalición Mundial contra la pena de muerte hace un llamado a los ciudadanos, las organizaciones
e instituciones comprometidas con la abolición universal de la pena de muerte para que organicen, el 10 de
octubre, centenares de iniciativas locales en todo el mundo. Debates, conciertos, comunicados de prensa y
otras manifestaciones dan una perspectiva amplia e internacional a la reivindicación de la abolición universal.

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El 10 octubre, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte y las abolicionistas mundiales celebrarán el
10° aniversario de Día Mundial contra la Pena de Muerte. El Día Mundial de este año se concentra en los
logros y el progreso que se han realizado hacia la abolición. Alrededor del mundo, los países han terminado
o restringido la pena de muerte. Además, han expresado su apoyo a terminar esta práctica al ratificar el
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que aspira a la
abolición total de la pena de muerte; al igual votaron en apoyo de las resoluciones de la ONU para una
moratoria a la pena de muerte. La Coalición Mundial apoya estos pasos en la dirección correcta, a la vez
que quedamos vigilantes de los desafíos del futuro.

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Este informe examina la aplicación judicial de la pena de muerte durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022. Amnistía Internacional informa exclusivamente sobre ejecuciones, condenas a muerte y otros aspectos del uso de la pena capital, como conmutaciones y exoneraciones, cuando hay una confirmación razonable. En muchos países, los gobiernos no publican información sobre el uso que hacen de la pena de muerte.

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Amnistía Internacional le sigue preocupando que varios altos funcionarios chinos siguen utilizando «mano dura» las políticas para restringir las actividades legítimas de una serie de activistas pacíficos, entre ellos periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos. Este informe se refiere a cambios en estas áreas, ilustrado por las experiencias de varias personas que han sido detenidas o encarceladas en violación de sus derechos humanos fundamentales. El hecho de que las autoridades chinas para resolver las debilidades legales e institucionales que permitan el florecimiento de tales violaciónes sigue obstaculizando los esfuerzos para fortalecer el estado de derecho en China.

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Leaflet Spanish 2012

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PENA DE MUERTE
HECHOS Y DATOS

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Este informe se presenta en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 26/2 y 42/24. Contiene un resumen de la mesa redonda de alto nivel sobre la cuestión de la pena de muerte que se celebró el 23 de febrero de 2021 durante el 46º período de sesiones del Consejo. La mesa redonda se ocupó de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con el uso de la pena de muerte, en particular de si el uso de dicha condena tiene un efecto disuasorio sobre la tasa de delincuencia.

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En 2021 tuvo lugar un preocupante aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte, a raíz de que algunos de los verdugos más prolíficos del mundo volvieran a las andadas y los tribunales se liberaran de las restricciones relacionadas con la COVID-19. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en su informe anual sobre la pena de muerte.

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Poster Spanish 2004

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PENA DE MUERTE Y LOS CRIMENES POR DROGA
HECHOS Y DATOS
13° Día Mundial contra la pena de muerte

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El derecho constitucional de los Estados Unidos está de acuerdo con algunas de estas salvaguardas, pero no lo suficiente. La ejecución de un demente, alguien que no comprende la razón de su castigo ni la realidad del mismo, viola la constitución de los Estados Unidos.

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Cerca de 125 ciudadanos extranjeros se encuentran condenados a pena de muerte en 16 jurisdicciones. Casi la mitad de los ciudadanos extranjeros condenados a muerte son de México, que ha sido abolicionista en caso de delitos comunes desde 1937.

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La eliminación de la pena de muerte resultaría en un ahorro neto para el estado de por lo menos varias decenas de millones de dólares anuales, y un ahorro neto para los gobiernos locales de millones a decenas de millones de dólares a nivel estado.

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Un acusado tenía más posibilidades de ser sentenciado a muerte si la víctima del asesinato era blanca. Esto confirma los resultados de varios estudios en los que al mantener los demás factores constantes, el único indicador más confiable de si una persona será sentenciada a muerte es la raza de la víctima.

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Muchas de las mas de 240 condenas que las muestras de ADN (DNA en sus siglas en inglés) han probado erróneas guardaban relación con alguna variable de fals confesión. Es virtualmente imposible determinar los motivos que llevarían a una persona a confesar un crimen que no ha cometido.

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Estos manuales plantean más de treinta y cinco diferentes asuntos relacionados con la reforma penal. Se utilizó información amplia de obras anteriores realizadas por terceros, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos1, UNICEF, el ICRC y Amnistía Internacional.

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El presente informe detalla las actividades realizadas por el Relator Especial en 2009 y en los primeros cuatro meses de 2010. Es el informe final presentado al Consejo de Derechos Humanos por Philip Alston en su calidad de Relator Especial. En él se analizan las actividades y los métodos de trabajo del mandato durante los últimos seis años y se señalan cuestiones importantes que convendría estudiar en el futuro. Las adiciones detalladas de este informe tratan de las siguientes cuestiones: a) la rendición de cuentas por los homicidios cometidos por la policía; b) los asesinatos relacionados con los procesos electorales; y c) las ejecuciones selectivas.

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Además de informar sobre las principales iniciativas tomadas en 2006 para abordar el flagelo de las ejecuciones extrajudiciales en el mundo, el informe se centra en cuatro cuestiones de particular importancia: a) el mandato del Relator Especial en los conflictos armados; b) los «homicidios por piedad» en los conflictos armados; c) los «más graves delitos» por los cuales puede imponerse la pena de muerte; y d) la condición jurídica internacional de la pena de muerte obligatoria.

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Forma parte del Proyecto Educación para la Dignidad Humana de Amnistía Internacional, y está concebida para ser utilizada con los módulos fundamentales del proyecto que tratan cuestiones relativas a la pobreza y los derechos humanos. Sin embargo, este manual de facilitación se ha elaborado con la flexibilidad necesaria para que pueda ser usado por sí solo como recurso de carácter general en diversos entornos.

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En el presente informe, que contiene información sobre el período que va de junio de 2008 a julio de 2009, se señala a la atención una serie de fenómenos, como la constante tendencia hacia la abolición, el inicio de debates nacionales sobre la pena de muerte, y las continuas dificultades para obtener información fiable sobre las ejecuciones.

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Este informe se presenta a la Asamblea General conforme a lo dispuesto en la resolución 63/168 de dicha Asamblea. El informe confirma la tendencia existente en todo el mundo hacia la abolición de la pena de muerte. También recomienda a los Estados Miembros que introduzcan una moratoria para dicha pena. Aquellos Estados que aún tengan la intención de aplicar la pena de muerte y no deseen establecer una moratoria solo deberían imponerla en el caso de los delitos más graves. Debería asegurarse que los derechos de los condenados a muerte se protegen conforme a las normas internacionales pertinentes. Asimismo, en este sentido, los Estados están obligados a no aplicar la pena de muerte en secreto y a no incurrir en discriminación al aplicarla.

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En el presente informe se analiza el grado de observancia de los derechos de los condenados a muerte previstos en los tratados internacionales de derechos humanos y en las directrices establecidas por el Consejo Económico y Social en 1984. Sobre la base de las contribuciones de los Estados Miembros, el informe examina los distintos motivos para establecer una moratoria de la pena de muerte, abolir dicha pena o mantenerla. También contiene datos estadísticos actualizados sobre el uso en todo el mundo de la pena de muerte, incluidas las moratorias establecidas en los Estados que no han abolido ese tipo de pena, así como las novedades pertinentes en la materia que se han producido desde el sexagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General. El informe concluye confirmando la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, el importante papel que desempeñan las moratorias en los Estados que pretenden abolirla y las posibilidades de continuar la labor sobre esta cuestión.

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En el capítulo III, el Relator Especial se centra en la compatibilidad de la pena de muerte con la prohibición de las penas crueles, inhumanas o degradantes. Saca la conclusión de que la interpretación histórica del derecho a la integridad de la persona y la dignidad humana en relación con la pena de muerte está cada vez más reñida con la interpretación dinámica de ese derecho en relación con el castigo corporal y las incoherencias resultantes de la distinción entre castigo corporal y pena capital, así como con la tendencia universal a abolir la pena capital.

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En el presente informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias se examina la esfera crítica del incumplimiento de las garantías jurídicas establecidas para proteger el derecho a la vida. El informe se basa en la premisa de que el derecho internacional «no prohíbe a los países que opten por el mantenimiento de la pena de muerte, pero éstos tienen la obligación inequívoca de divulgar los detalles de la aplicación de esa pena» (E/CN.4/2005/7, párr. 59). En él se analiza la base jurídica de esa obligación de transparencia, y se examinan estudios de casos que ilustran los principales problemas que existen en esta esfera.

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En la parte analítica del informe, se examina en profundidad un pequeño número decuestiones, prestando especial atención a la responsabilidad. Los cuatro temas principales que se abordan son: i) el genocidio y los crímenes de lesa humanidad; ii) las violaciones del derecho a la vida durante los conflictos armados y las contiendas civiles; iii) la pena capital; y iv) las violaciones del derecho a la vida por parte de agentes no estatales.

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El presente informe contiene información que abarca el período contenido entre enero de 2003 y diciembre de 2003. El informe indica que prosigue la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte, lo que se ilustra, entre otras cosas, con el aumento del número de ratificaciones de instrumentos internacionales que prevén la abolición de esta sanción.

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En el presente informe, el Sr. Heiner Bielefeldt, Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias, ofrece un panorama general de las actividades que ha llevado a cabo después de la presentación del informe anterior a la Asamblea General (A/66/156), incluidas las visitas a países, las comunicaciones y otras actividades.

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El presente informe contiene información sobre la cuestión de la pena capital yabarca el período que va de junio de 2009 a julio de 2010. En él se señalan una serie defenómenos, como la continuación de la tendencia hacia la abolición y las dificultades quese siguen experimentando para obtener información fidedigna sobre las ejecuciones.

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El presente informe, con información sobre el período que va desde enero de 2006 a mayo de 2008, indica que continúa la tendencia a la abolición de la pena capital. Esto lo demuestra, entre otras cosas, el aumento del número de países que son totalmente abolicionistas y el aumento de las ratificaciones de los instrumentos internacionales que prevén la abolición de esta forma de castigo.

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El presente informe contiene información que abarca los acontecimientos ocurridos durante 2006. El informe indica que prosigue la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte, lo que se ilustra, entre otras cosas, con el aumento del número de países que han abolido la pena de muerte y del número de ratificaciones de instrumentos internacionales que prevén la abolición de esta forma de sanción.

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El presente informe contiene información que abarca el período comprendido entre enero de 2004 y diciembre de 2005. El informe indica que prosigue la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte, lo que se ilustra, entre otras cosas, con el aumento del número países totalmente abolicionistas y también del número de ratificaciones de instrumentos internacionales que prevén la abolición de esta sanción.

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Este informe se presenta de conformidad con la resolución 2005/34 de la Comisión y debe leerse junto con sus diferentes adiciones. En ellas figura la siguiente información: un análisis detallado de las comunicaciones enviadas a los gobiernos en las que se describen los presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales; informes sobre las misiones realizadas a Nigeria y Sri Lanka durante 2005; un informe sobre el principio de transparencia en relación con la pena de muerte; y varios informes relativos al seguimiento de las misiones realizadas anteriormente al Sudán, el Brasil, Honduras y Jamaica.

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En el presente informe, presentado de conformidad con la resolución 66/150 de la Asamblea General, el Relator Especial aborda cuestiones que suscitan especial preocupación y algunos nuevos acontecimientos recientes atinentes a su mandato

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E l presente sexto informe quinquenal contiene un examen de las tendencias de la aplicación de la pena de muerte, incluida la aplicación de las salvaguardias, durante el período 1994 -2000. Se trata de una versión revisada y actualizada del informe del Secretario General sobre el tema (E /2 0 0 0 /3 ) que se presentó al Consejo en su período d e sesiones sustantivo de 2000, a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su noveno período de sesiones y a la Comisión de Derechos Humanos en su 56º período de sesiones. Sesenta y tres países participaron en la encuesta conexa . Una vez más , la tasa de respuesta de los países retencionistas, en particular los que aplicaban más a menudo la pena capital, fue relativamente baja. Una conclusión importante que se puede sacar es que desde 1994 no se ha modificado el porcentaje de países que adoptan la abolición de la pena de muerte.

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En el informe también se examina el tema de la pena capital y se hace referencia a casos de pena de muerte en los que la Relatora Especial intervino al tener noticia de que las condenas correspondientes se habían anunciado en violación de las limitaciones internacionales y de las normas de derechos humanos

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En los Estados en los que se sigue utilizando la pena de muerte, el derecho internacional impone requisitos estrictos que deben cumplirse para que esta no se considere ilícita. En el presente informe el Relator Especial examina el problema del error y el uso de tribunales militares en el contexto de los requisitos de un juicio imparcial. También examina la limitación de la imposición de la pena de muerte solo a los delitos más graves, que son los casos de homicidio intencional. Por último, examina cuestiones relativas a la colaboración y la complicidad, así como la transparencia en el uso de la pena de muerte.

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Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución 1997/61 de laComisión de Derechos Humanos, de 16 de abril de 1997, titulada «Ejecucionesextrajudiciales, sumarias o arbitrarias». Es el sexto informe presentado ala Comisión de Derechos Humanos por el Sr. Bacre Waly Ndiaye y el 15º informepresentado a la Comisión desde la atribución del mandato sobre «ejecucionessumarias o arbitrarias» por el Consejo Económico y Social en suresolución 1982/35 de 7 de mayo de 1982.

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En la resolución 1999/35, la Comisión de Derechos Humanos pidió a la Relatora Especial que siguiera examinando situaciones de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, respondiera efectivamente a la información que se le presentase e intensificara su diálogo con los gobiernos, y procediera al seguimiento de las recomendaciones hechas en los informes sobre las visitas a determinados países. La Comisión también pidió que la Relatora Especial continuara vigilando el cumplimiento de las normas internacionales existentes sobre salvaguardias y limitaciones para la aplicación de la pena capital teniendo en cuenta los comentarios hechos por el Comité de Derechos Humanos en su interpretación del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de su segundo Protocolo Facultativo.

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Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución 1998/68 de laComisión de Derechos Humanos, de 21 de abril de 1998, titulada “Ejecucionesextrajudiciales, sumarias o arbitrarias”. Es el primer informe quela Sra. Asma Jahangir somete a la consideración de la Comisión y el decimosextode los presentados a ésta desde que el Consejo Económico y Social estableció elmandato sobre “ejecuciones sumarias y arbitrarias” en virtud de su resolución1982/35, de 7 de mayo de 1982.

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El presente informe, que se ha preparado de conformidad con las resoluciones del Consejo Económico y Social 1754 (LIV), de 16 de mayo de 1973, y 1995/57, de 28 de julio de 1995, y la decisión del Consejo 2005/247, de 22 de julio de 2005, es el octavo informe quinquenal del Secretario General sobre la pena capital. El informe confirma una tendencia muy marcada hacia la abolición y limitación del uso de la pena capital en la mayoría de los países. La tasa según la cual los Estados que mantenían la pena capital al comienzo del quinquenio han abolido su uso tanto en la ley como en la práctica es comparable a la de los anteriores períodos de presentación de informes, e incluso tal vez se haya acelerado ligeramente. Además, los países que mantienen la pena de muerte, con escasas excepciones, han reducido significativamente su uso desde el punto de vista del número de personas ejecutadas y de los delitos por los que se puede imponer. No obstante, donde la pena capital se mantiene en vigor existen graves problemas respecto de las normas y disposiciones internacionales, sobre todo en la limitación de la pena capital a los delitos más graves, la exclusión de los menores delincuentes de su ámbito de aplicación y las garantías de un juicio imparcial.

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Resumen = Español, Annex = InglésEl Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos odegradantes realizó una visita a China del 20 de noviembre al 2 de diciembre de 2005 por invitación del Gobierno chino. Expresa su agradecimiento al Gobierno por la plena cooperación prestada durante la visita. El informe contiene un estudio de los aspectos jurídicos y fácticos de la situación en lo que respecta a la tortura o los malos tratos en China.

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El informe muestra una alentadora tendencia hacia la abolición y la limitación del uso de la pena capital en la mayoría de los países. Muestra también que queda mucho por hacer en relación con la aplicación de las salvaguardias para proteger los derechos de las personas condenadas a la pena de muerte en los países que todavía la aplican.

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El presente informe, que se ha preparado de conformidad con las resoluciones del Consejo Económico y Social 1754 (LIV), de 16 de mayo de 1973, y 1995/57, de 28 de julio de 1995, es el séptimo informe quinquenal del Secretario General sobre la pena capital. Abarca el período 1999-2003 y examina la evolución en el uso de la pena capital en todo el mundo, tanto en la ley como en la práctica. El informe muestra una alentadora tendencia hacia la abolición y la limitación del uso de la pena capital en la mayoría de los países. Muestra también que queda mucho por hacer en relación con la aplicación de las salvaguardias para proteger los derechos de las personas condenadas a la pena de muerte en los países que todavía la aplican.

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El Relator Especial también está muy preocupado por todas las circunstancias que rodean en Mongolia a la pena de muerte, especialmente su absoluto secreto. A pesar de las peticiones reiteradas que el Relator Especial dirigió a las máximas autoridades del Gobierno, a los fiscales y al poder judicial, no se le proporcionó información oficial alguna. El Relator expresó preocupación por el hecho de que no se notificara ni siquiera a las familias de los condenados la fecha o el lugar precisos de la ejecución ni se les entregaran los restos mortales para enterrarlos, lo que supone un trato inhumano a la familia contrario al artículo 7 del Pacto. Además los presos condenados a muerte de las prisiones de Gants Hudag y Zuunmod permanecen recluidos en aislamiento completo, esposados y encadenados, y no reciben alimentos adecuados. Estas condiciones constituyen castigos añadidos que sólo cabe calificar de torturas según la definición recogida en el artículo 1 de la Convención.

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El presente informe contiene información que abarca el período comprendido entre enero de 2001 y diciembre de 2002, a fin de asegurarse de que no queden lagunas desde la última versión del sexto informe quinquenal, que contiene información hasta fines de 2000. El informe indica que prosigue la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte, lo que se ilustra, entre otras cosas, por el aumento del número de ratificaciones de instrumentos internacionales que prevén la abolición de esta sanción.

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El informe examina también el tema de la pena capital y hace referencia a los casosde pena de muerte en que la Relatora Especial ha intervenido al tener noticia de que las sentencias se han pronunciado en violación de las restricciones internacionales y de la normativa de derechos humanos.

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En el informe también se examina el tema de la pena capital y se hace referencia a casos de pena de muerte en que la Relatora Especial intervino al tener noticia de que las condenas se habían dictado en violación de las restricciones internacionales y de la normativade derechos humanos.

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Investigación histórica en prensa sobre las ejecuciones, los ejecutados & las resistencias contra la pena de muerte en Investigación histórica en prensa sobre las ejecuciones, los ejecutados & las resistencias contra la pena de muerte en Puerto Rico, 1900-1909. Durante la primera década de siglo XX, 14 hombre fueron ejecutados en Puerto Rico. Se ejecutaban los sentenciados con los métodos del Garrote y la Horca. Se realizaron todas las ejecuciones. No obstante, hubo resistencias. La investigación contesta preguntas como ¿Quiénes fueron ejecutados? ¿Cuáles eran los trasfondos de los ejecutados? ¿A qué se dedicaban? ¿De dónde provenían? ¿Quiénes ejercieron como verdugo? ¿Ser verdugo era una profesión? ¿Cómo conseguían los verdugos? ¿Hubo resistencia y oposición en los procesos de ejecuciones? ¿Quiénes se opusieron y resistieron? ¿Cómo se manifestó y se proyectó dicha resistencia y oposición contra la pena de muerte en Puerto Rico?

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The film follows four death row exonerees in their effort to continue normally with their lives. They callthemselves The Resurrection Club. It follows them with their families where they are trying to recover from thetrauma, and execution. It follows them in their struggle to find other exonerees to join the club and on their tourto speak out against the death penalty. An extraordinary story about trauma and resurrection. An epic moviewith extraordinary characters. An empowering story. A celebration of life.

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La silla eléctrica fue una máquina utilizada para la aplicación de la pena capital. Se utilizó principalmente en Estados Unidos desde el 6 de agosto de 1890 cuando se realizó la primera ejecución con este método. Con la prohibición de su uso en el Estado de Nebraska el 8 de febrero de 2008, ha dejado de ser el método primario de ejecución en ese país si bien algunos estados prevén su utilización como opción sujeta a la elección del reo. El prisionero condenado era atado a la silla, con un electrodo en la cabeza y otro en la pierna. Como mínimo se aplicaban dos choques eléctricos durante varios minutos dependiendo de la persona. El voltaje inicial de más o menos 2 kv servía para romper la resistencia inicial de la piel y causar inconsciencia (o, al menos, eso se pretendía). El voltaje se bajaba para reducir la cantidad de corriente que fluía y para evitar que el prisionero se quemase. Se usaba un flujo de corriente de 8 A. El cuerpo del condenado alcanzaba temperaturas de 59 °C y el flujo de la corriente eléctrica causaba daños severos a los órganos internos. En todo caso, aún cuando la ejecución se lleva a cabo correctamente, siempre se quema algo de piel y es desagradable para los guardias el tener que separar la piel quemada de los cinturones de la silla. El reo pierde el control de sus músculos después del primer choque eléctrico y puede llegar a defecar u orinar. Esto llevó a un refinamiento en las sillas más modernas. el protocolo de electrocución de Nebraska estipulaba que se debía someter al condenado a una descarga de 2.450 V durante 15 s; tras esto y una espera de 15 min, un médico verificaba si aún había señales de vida. Previamente, se administraba una descarga inicial de 2.450 V durante 8 s, seguida de una pausa de 1 s luego del cual se administraba una descarga de 480 V durante 22 s. Después de una pausa de veinte segundos, el ciclo se repetía tres veces más.Nebraska mantenía hasta el 8 febrero de 2008 la electrocución como su único método de ejecución. Atención! El siguiente vídeo puede herir su sensibilidad debido a su alto contenido en imágenes violentas

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En él se estudian los procesos de abolicion de la pena de meurte a través de las experiencias vividas en 13 estados. Sobre la case de lo aprendido en estas experiencias, el objetivo del presente documento es guiar a los estados en el proceso de abolicion de la pena meurte.

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Este video explora la historia de Leonel Herrera, quien fue condenado a muerte por el asesinato de un policía. Una declaración de su sobrino, que llegó muchos años después, arroja la luz sobre la inocencia Leonels.

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Las cámaras de gas se usaban como «pena capital» en EE.UU, en el pasado, para ejecutar a condenados, especialmente convictos de asesinato.Cinco Estados (Wyoming, California, Maryland, Missouri, Arizona) mantienen técnicamente este método, pero todos alientan la inyección letal como alternativa.Fue uno de los métodos de exterminio nazi de uso más común en las matanzas masivas. Englobado en la llamada solución final, se desarrolló en los campos de concentración durante la segunda guerra mundial. También ha sido un método de ejecución de criminales en algunos países. Las cámaras de gas, eran recintos subterráneos o barracones generalmente disfrazados o simulados como duchas colectivas. Estaban completamente aisladas y contaban con un sistema que introducía monóxido de carbono, pero luego se usó el Zyklon B. La capacidad variaba en estas instalaciones, pero cabían de 1.000 a 2.500 reclusos.Desde el exterior -del techo, específicamente- se introducía Zyklon B, un cianurido que debido al contacto con la intensa humedad que emanaban los internos hacinados, liberaba grandes cantidades de ácido cianhídrico (HCN).El procedimiento podía eliminar en un día de 5.000 a 10.000 reclusos, incluidos ancianos, mujeres y niños. La frecuencia de uso dependía del abasto que diera el crematorio o serie de hornos de tipo fundición aledaños.La muerte total de la multitud expuesta sobrevenía después de 25 minutos. Como el gas actúa inhibiendo el ciclo respiratorio, las víctimas perecían por asfixia, mientras sufrían espasmos y convulsiones. Atención! El siguiente vídeo puede herir su sensibilidad debido a su alto contenido en imágenes violentas

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La horca, (del latín forca, horca del labrador) se denomina al conjunto de tres palos o vigas, dos hincados en la tierra y el tercero encima trabando los dos, en el que morían colgados por el cuello (ahorcamiento), los condenados a esa pena y en ocasiones los ajusticiados por la turbamulta sin haber sido condenados. Por extensión se denomina también horca al método de ejecución, homicidio o suicidio consistente en colgar a una persona tras rodearle el cuello con un lazo. También se denomina horca al palo que atravesado con otro servía para sujetar por el cuello al condenado y pasearlo, para escarmiento, por las calles. La horca puede provocar la rotura del cuello. La horca con plataforma pone inconsciente a la persona, a la que deja sin respiración, produciendo una muerte rápida. Pero el mecanismo principal causante de la muerte de la persona es la isquemia que se produce a nivel de la corteza cerebral. La cuerda, situada alrededor del cuello, ejerce una presión que colapsa los vasos del cuello, tanto las venas yugulares como las arterias carótidas. De hecho se han descrito casos de ahorcados traqueostomizados.Cadalso con horcaLa horca sigue utilizándose como método de ejecución legal en algunos países de Asia, como Irán, Singapur o Japón. En Estados Unidos hay estados que contemplan la posibilidad de la ejecución por horca, pero generalmente se utiliza la silla eléctrica o la inyección letal. Atención! El siguiente vídeo puede herir su sensibilidad debido a su alto contenido en imágenes violentas

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La inyección letal es un método de ejecución que consiste en inyectar por vía intravenosa y de manera continua una cantidad letal de un barbitúrico de acción rápida en combinación con un producto químico paralizante. El procedimiento es similar al utilizado en un hospital para administrar una anestesia general, pero los productos son inyectados en cantidades letales. En Texas, uno de los 19 estados de Estados Unidos en los que la ejecución se realiza por inyección letal, se usan tres sustancias conjuntamente: tiopental sódico, bromuro de pancuronio y cloruro de potasio.El tiopental sódico es un barbitúrico de acción muy rápida que hace perder el conocimiento al preso, la segunda es un bloqueador de placa mioneural no despolarizante, que paraliza el diafragma, impidiendo así la respiración, y el cloruro de potasio despolariza el músculo cardíaco provocando un paro cardíaco.Actualmente se debate en Estados Unidos, en los estados donde está establecido este sistema de inyección de las tres sustancias como sistema de ejecución, si realmente produce una muerte indolora o existe sufrimiento por parte del condenado. Atención! El siguiente vídeo puede herir su sensibilidad debido a su alto contenido en imágenes violentas

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Beccaria en De los Delitos y de las Penas (que fue prohibida por la Inquisición y tuvo que circular clandestinamente) aboga para que el Derecho Penal tenga como fundamento una justicia humanamente defensiva del hombre con miras a una rehabilitación del individuo que cometió un delito.

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Video – El documental presenta la historia de Juan Balderas, condenado a pena de muerte, y la lucha de su mujer por demostrar su inocencia. Un asesinato, un culpable y una mujer dispuesta a todo para salvar la vida de su marido. El tiempo se acaba y si el recurso de apelación no prospera, será ejecutado con la inyección letal.

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Este documento examina la cuestión de la extradición y la pena de muerte en los Estados Unidos. Se ve en el surgimiento de las cláusulas de pena de muerte en los tratados de extradición y las leyes y da ejemplos de casos concretos en los EE.UU. donde la extradición o impedido la aplicación de la pena de muerte o han sido eludidas a permitir a las personas para ser condenado a muerte.

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Alrededor del mundo, comúnmente se asume que los familiares de las víctimas de la violencia están a favor de la pena capital. Se presume que las ejecuciones satisfacen las necesidades de justicia en las víctimas del crimen. Ser un oponente a la pena de muerte es visto como estar en contra de la víctima. A través de sus declaraciones, testimonio y material educativo, los miembros de MVFHR demuestran a quienes tienen el cargo de hacer las leyes políticas y al público en general, que sí es posible estar en pro de la víctima e ir en contra de la pena de muerte a la vez.

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The decree stipulating the abolition of the death penalty in Uzbekistan from 1 January 2008 has been signed. In this document Amnesty International expresses it concerns about those people who have been charged with crimes carrying the death penalty — «terrorism» and «premeditated, aggravated murder». In the clampdown on «religious extremism» dozens of alleged «Islamists» have been sentenced to death and executed. Amnesty International also urges the authorities to promptly end the secrecy surrounding the application of the death penalty in Uzbekistan including by disclosing the location of the burial sites of the executed prisoners.

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El 8 de junio, el gobernador de Carolina del Sur firmó una ley que permite la pena de muerte para una persona condenada por segunda vez de delitos sexuales contra menores de la edad de 11 años y un día después, el gobernador de Oklahoma firmó un proyecto de ley similar. Amnistía Internacional insta a todos los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en los Estados Unidos para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos al no permitir cualquier expansión de la pena de muerte a delitos no letales, tales como asalto sexual. La organización reitera su llamamiento para una moratoria total sobre las ejecuciones en los Estados Unidos

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Este documento ofrece un resumen del informe «Uzbekistán:» La justicia sólo en el cielo «- la pena de muerte en Uzbekistán» (EUR 62/011/2003).

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Las autoridades vietnamitas no hacen públicos de forma periódica los datos estadísticos completos del número de penas de muerte dictadas y de ejecuciones llevadas a cabo, y la prensa oficial únicamente informa de un número limitado de casos. Sin embargo, Amnistía Internacional ha recibido información fiable según la cual la mayoría de las personas condenadas a muerte son ejecutadas una vez que sus causas han agotado los procedimientos de apelación. Las ejecuciones se llevan a cabo mediante pelotón de fusilamiento, al parecer frecuentemente en público, y en ocasiones en presencia de más de un millar de personas. Amnistía Internacional cree que la pena de muerte constituye la peor forma de pena cruel, inhumana y degradante y una vulneración del derecho a la vida y que las condiciones que rodean la aplicación de dichas penas en Vietnam contravienen las normas internacionales de derechos humanos. El hecho de que los juicios carentes de las debidas garantías sean habituales en Vietnam supone que la pena de muerte se aplica en condiciones que pueden dar lugar a errores judiciales irreversibles.

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El siguiente formulario, preparado por la Secretaría Ejecutiva de la CIDH tiene por objeto facilitar a las víctimas de dichas violaciones, sus familiares, organizaciones de la sociedad civil u otras personas la presentación de peticiones relativas a presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por Estados miembros de la OEA.

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La reciente ampliación en algunas partes de Nigeria de la pena de muerte a las áreas que muchos consideran como aspectos de la vida privada se ha centrado el debate tanto en la adecuación de la pena de muerte en general y sobre la utilización del sistema de justicia penal como forma de regular sexual comportamiento. Amnistía Internacional cree que la pena de muerte en su aplicación en Nigeria, en particular, viola los derechos humanos women’Â de acceso a la justicia, conforme a la ley internacional de derechos humanos y las normas, y tiene un efecto discriminatorio sobre las mujeres en ciertos casos y por ciertos delitos. Esto se hace especialmente grave en los casos de pena capital que está afectando gravemente a las mujeres de estratos socioeconómicos desfavorecidos y zonas remotas.

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La sección de las Organizaciones no gubernamentales (ONG) del Departamento de Información Pública (DIP), sirve de enlace entre las Naciones Unidas y las Organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil. A través de las Organizaciones no gubernamentales asociadas, el Departamento de Información Pública está trabajando para difundir los mensajes de las Naciones Unidas en el mundo, para ayudar al público a comprender mejor las actividades y los objetivos de las Naciones Unidas.

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Amnistía Internacional acoge con satisfacción el compromiso del gobierno con la abolición de la pena de muerte. Sin embargo, la organización insta a las autoridades a reforzar este paso conmutando con prontitud todas las penas de muerte pendientes y suspendiendo la imposición de nuevas penas hasta la abolición total de la pena capital en el año 2008. A menos que se introduzcan cambios fundamentales de inmediato, decenas de personas podrían ser condenadas a muerte y ejecutadas antes de enero del 2008. Amnistía Internacional ha documentado en anteriores informes las deficiencias del sistema de justicia penal de Uzbekistán y cómo éstas constituyen terreno abonado para la comisión de errores judiciales y para ejecuciones debidas a esos errores judiciales y a juicios manifiestamente injustos. Tras su visita al país en noviembre y diciembre del 2002, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura estimó que “[…] el uso de torturas o formas análogas de malos tratos es sistemático” en Uzbekistán. La falta de independencia de la judicatura, la corrupción que domina cada aspecto del sistema –desde la instrucción hasta el procedimiento de indulto–, las discrepancias palmarias entre la legislación interna, su aplicación y las obligaciones que ha contraído Uzbekistán en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, todo favorece la comisión de errores judiciales.

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Víctimas de Delitos a Favor de Alternativas a la Pena de Muerte en California (CCV) le insiste que tome acción hoy. Los sobrevivientes de las víctimas de asesinato y miembros de la comunidad están invitados a enviar a su fiscal de distrito, con respeto a su condado, una carta que conmemora la vida de las víctimas de asesinato y exige un fin a las ejecuciones.

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En este documento se mira a la pena de muerte en 2007 a partir de la Nueva Jersey de la Pena de Muerte Comisión de Estudio sobre la liberación de su informe final recomendando la abolición y concluyendo con la Asamblea General de aprobar una resolución histórica llamando a una moratoria global. Se incluye la muerte por electrocución, la abolición, la ejecución, la conmutación y la suspensión de la ejecución, las enfermedades mentales, violación de menores y de índole geográfica y el color.

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El Proyecto de Justicia de Arizona (Arizona Justice Project) usará este cuestionario para decidir si su caso califica para recibir asistencia bajo el subsidio de análisis de ADN administrado por el Instituto Nacional de Justicia (National Institute of Justice).

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Durante 2017, Amnistía Internacional registró un mínimo de 993 ejecuciones en 23 países: una reducción del 4% respecto a 2016 (con 1.032 ejecuciones) y del 39% respecto a 2015 (cuando la organización informó de 1.634 ejecuciones, la cifra más cuantiosa desde 1989). China siguió siendo el mayor ejecutor del mundo, pero excluyendo a China, el 84% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan sólo cuatro países: Arabia Saudí, Irán, Irak y Pakistán.

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Este informe trata sobre la aplicación judicial de la pena de muerte durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2016. Al igual que en años anteriores, la información recopilada procede de fuentes diversas, entre ellas cifras oficiales, información de personas condenadas a muerte y de sus familias y representantes, información facilitada por otras organizaciones de la sociedad civil, e información publicada en los medios de comunicación.

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Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones 26/2 y 36/17 del Consejo de Derechos Humanos. Contiene un resumen de la mesa redonda de alto nivel sobre la cuestión de la pena de muerte que se celebró el 26 de febrero de 2019 durante el 40º período de sesiones del Consejo. El debate de la mesa redonda se ocupó de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con el uso de la pena de muerte, en particular en lo que respecta a los derechos a la no discriminación y a la igualdad.

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Hay países que siguen ejecutando a personas que eran menores de 18 años en el momento del delito a pesar de que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la aplicación de la pena de muerte en tales casos. El número de esas ejecuciones es reducido en comparación con el total de ejecuciones anuales registradas por Amnistía Internacional, Sin embargo, su importancia va más allá de las cifras y pone en cuestión el compromiso de respetar el derecho internacional por parte de los Estados ejecutores.

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Este informe se presenta de conformidad con la resolución 30/5 del Consejo de Derechos Humanos y ofrece un resumen de la mesa redonda de alto nivel sobre la cuestión de la pena de muerte celebrada el 1 de marzo de 2017, durante el 34º período de sesiones del Consejo. El objeto de la mesa redonda era proseguir con el intercambio de opiniones acerca de la pena de muerte, así como abordar violaciones relacionadas con el uso de la pena de muerte, en particular con respecto a la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

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Las investigaciones de Amnistía Internacional sobre el empleo de la pena de muerte en 2018 confirmaron que su imposición y aplicación se circunscribe a una minoría de países. El número de ejecuciones conocidas se redujo en más de un 30% con respecto a 2017, alcanzando así la cifra más baja registrada por la organización desde hace 10 años. Este hecho r efleja un descenso considerable en algunos de los países donde más ejecuciones se consuman, como Irak, Irán, Pakistán y Somalia.

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Este informe se presenta a la Asamblea General conforme a lo dispuesto en su resolución 65/206. En él se examina la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte y el establecimiento de una moratoria de las ejecuciones, así como la aplicación de las normas internacionales relativas a la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte. Se analiza asimismo la importancia de publicar información pertinente sobre el uso de la pena de muerte, que puede contribuir a debates nacionales transparentes, y las iniciativas nternacionales y regionales para promover la abolición universal de la pena de muerte.

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Las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas en Nueva York que se enumeran a continuación tienen el honor de referirse a la resolución 73/175de la Asamblea General, titulada “Moratoria del uso de la pena de muerte”, aprobada por la Asamblea el 17 de diciembre de 2018 en votación registrada. Las referidas Misiones Permanentes desean dejar constancia de que persisten en su objeción a cualquier intento de imponer una moratoria del uso de la pena de muerte o decretar su abolición, en contravención de las normas vigentes de derecho internacional, por los siguientes motivos:

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Esta observación general sustituye a las observaciones generales núm. 6, aprobada por el Comité en su 16º período de sesiones (1982), y núm. 14, aprobada por el Comité en su 23erperíodo de sesiones (1984).

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La legislación malasia mantiene la pena de muerte por más de 30 delitos. Se impone de manera habitual por actos, como el tráfico de drogas, que no cumplen el criterio de “los más graves delitos”, a los que debe limitarse su uso con arreglo a las leyes y normas internacionales. En septiembre de 2019 había más de 1.290 personas condenadas a muerte. La investigación de Amnistía Internacional ha puesto de relieve que la pena de muerte en Malasia se impone sobre todo a personas declaradas culpables de tráfico de drogas y, entre ellas de manera desproporcionada a mujeres y personas extranjeras.

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Desde 2011, el Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí se ha venido utilizando como instrumento de represión para silenciar la disidencia. Esto ha tenido efectos paralizantes. Entre las personas a las que el Tribunal ha impuesto duras penas hay periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas de la esfera política, profesionales de la literatura, clérigos y activistas de los derechos de las mujeres. Aplicando de forma generalizada la draconiana legislación antiterrorista y la Ley de Delitos Informáticos del país, los jueces del Tribunal Penal Especializado han presidido juicios manifiestamente injustos.

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Resolución aprobada por la Asamblea General el 16de diciembre de 2020[sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/75/478/Add.2, párr. 89)]

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Las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas en Nueva York que se enumeran a continuación tienen el honor de referirse a la resolución 71/187de la Asamblea General, titulada “Moratoria del uso de la pena de muerte”, aprobada por la Tercera Comisión el 17 de noviembrede 2016 y, posteriormente, por la Asamblea General el 19de noviembre de 2016 en votación registrada. Las referidas Misiones Permanentes desean dejar constancia de que persisten en su objeción a cualquier intento de imponer una moratoria del uso de la pena de muerte o decretar su abolición, en contravención de las normas vigentes de derecho internacional, por los siguientes motivos:

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Este informe de la Asamblea General de las Naciones Unidas presenta las resoluciones del 77º periodo de sesiones. Incluye informes sobre la moratoria del uso de la pena de muerte (A/77/463/Add.2 DR XII) que fue adoptada el 15 de diciembre de 2022 con una votación (125-37-22) (A/77/PV.54) bajo el punto 68(b). Guiada por los propósitos y principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, reafirma la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño y recuerda el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

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Este kit de ratificación está destinado a los encargados de la formulación de políticas y proporciona el procedimiento de ratificación y los argumentos para convencer al gobierno de que adopte el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Por lo general, los gobiernos no conocen a fondo el Protocolo Americano. Este material puede contener respuestas a las preguntas que se le harán durante sus esfuerzos de cabildeo.

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Poster ES – 2022 Día Mundial contra la Pena de Muerte

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Las Misiones Permanentes acreditadas por los países que se enumeran más abajo ante las Naciones Unidas en Nueva York saludan atentamente al Secretario General de las Naciones Unidas y tienen el honor de referirse a la resolución 62/149 de la Asamblea General, titulada “Moratoria del uso de la pena de muerte”, aprobada por la Tercera Comisión el 15 de noviembre de 2007 y posteriormente por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2007, por votación registrada. Las referidas Misiones Permanentes desean dejar constancia de su objeción continuada a cualquier intento de imponer una moratoria del uso de la pena de muerte o decretar su abolición en contra de normas vigentes de derecho internacional, por los motivos siguientes:

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Este informe trata sobre la aplicación judicial de la pena de muerte durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020.

Como en años anteriores, se ha recabado información de diversas fuentes, entre ellas, las cifras oficiales disponibles, las sentencias dictadas, información de personas condenadas a muerte y sus familias y representantes, informaciones de los medios de comunicación y, en relación con algunos países, informes de otras organizaciones de la sociedad civil.

Amnistía Internacional informa exclusivamente sobre ejecuciones, condenas a muerte y otros aspectos del uso de la pena capital, como conmutaciones y exoneraciones, cuando hay una confirmación razonable.

En muchos países, los gobiernos no publican información sobre el uso que hacen de la pena de muerte. En China y Vietnam, la información sobre el uso de la pena capital está clasificada como secreto de Estado. En 2020, la información disponible sobre algunos países —concretamente Laos y Corea del Norte (República Popular Democrática de Corea)— fue escasa o nula debido a prácticas restrictivas del Estado.

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