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Según el seguimiento que hace Amnistía Internacional del uso de la pena de muerte en el mundo, en 2023 se tuvo noticia de 1.153 ejecuciones: un aumento del 31% respecto de las 883 de 2022. Sin embargo, hubo un descenso significativo en el número de países que llevaron a cabo ejecuciones, que pasó de 20 en 2022 a 16 en 2023.

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Con esta guía pedagógica, la Coalición mundial contra
la pena de muerte lanza una iniciativa para la colabo-
ración quiere enriquecerse con las contribuciones de
todos y cada uno.
Esta guía tiene por vocación ser alimentada con
nuevas fichas y nuevos temas.
Será regularmente actualizada en el sitio Internet de la
Coalición Mundial (www.worldcoalition.org).
En nombre de los miembros de la Coalición Mundial,
presentes en más de 30 países en todo el mundo, les
agradecemos su apoyo

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En el presente informe se exponen los desafíos en materia de derechos humanos a la
hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos fundamentales del problema mundial de
las drogas. También se ofrece una reseña de los avances positivos recientes en favor de la
adopción de políticas en materia de drogas más centradas en los derechos humanos y se
proporcionan recomendaciones sobre la manera de avanzar en vista del próximo examen de
mitad de período de la Declaración Ministerial de 2019 y para contribuir a la implementación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

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Cada año, la Coalición Mundial contra la pena de muerte hace un llamado a los ciudadanos, las organizaciones
e instituciones comprometidas con la abolición universal de la pena de muerte para que organicen, el 10 de
octubre, centenares de iniciativas locales en todo el mundo. Debates, conciertos, comunicados de prensa y
otras manifestaciones dan una perspectiva amplia e internacional a la reivindicación de la abolición universal.

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Este informe examina la aplicación judicial de la pena de muerte durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022. Amnistía Internacional informa exclusivamente sobre ejecuciones, condenas a muerte y otros aspectos del uso de la pena capital, como conmutaciones y exoneraciones, cuando hay una confirmación razonable. En muchos países, los gobiernos no publican información sobre el uso que hacen de la pena de muerte.

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El 10 octubre, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte y las abolicionistas mundiales celebrarán el
10° aniversario de Día Mundial contra la Pena de Muerte. El Día Mundial de este año se concentra en los
logros y el progreso que se han realizado hacia la abolición. Alrededor del mundo, los países han terminado
o restringido la pena de muerte. Además, han expresado su apoyo a terminar esta práctica al ratificar el
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que aspira a la
abolición total de la pena de muerte; al igual votaron en apoyo de las resoluciones de la ONU para una
moratoria a la pena de muerte. La Coalición Mundial apoya estos pasos en la dirección correcta, a la vez
que quedamos vigilantes de los desafíos del futuro.

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PENA DE MUERTE
HECHOS Y DATOS

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The decree stipulating the abolition of the death penalty in Uzbekistan from 1 January 2008 has been signed. In this document Amnesty International expresses it concerns about those people who have been charged with crimes carrying the death penalty — «terrorism» and «premeditated, aggravated murder». In the clampdown on «religious extremism» dozens of alleged «Islamists» have been sentenced to death and executed. Amnesty International also urges the authorities to promptly end the secrecy surrounding the application of the death penalty in Uzbekistan including by disclosing the location of the burial sites of the executed prisoners.

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Leaflet Spanish 2012

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Víctimas de Delitos a Favor de Alternativas a la Pena de Muerte en California (CCV) le insiste que tome acción hoy. Los sobrevivientes de las víctimas de asesinato y miembros de la comunidad están invitados a enviar a su fiscal de distrito, con respeto a su condado, una carta que conmemora la vida de las víctimas de asesinato y exige un fin a las ejecuciones.

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EL 2006 fue un año de acontecimientos significativos, tanto positivos como negativos, en la lucha contra la pena de muerte. En junio,Filipinas decretó la abolición de la pena de muerte para todos los delitos. Sin embargo, en diciembre, Bahréin llevó a cabo su primera ejecución en 10 años, dejando a Israel como único país abolicionista de la región. Las estadísticas nos muestran un ligero incremento en la imposición de la pena de muerte en el ámbito geográfico, pero un descenso en el número de ejecuciones llevadas a cabo: 25 países realizaron ejecuciones en el 2006, un incremento comparado con los 22 del año anterior; el total mundial de ejecuciones conocidas descendió de 2.148 en el 2005 a 1.591 en el 2006.

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En 2021 tuvo lugar un preocupante aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte, a raíz de que algunos de los verdugos más prolíficos del mundo volvieran a las andadas y los tribunales se liberaran de las restricciones relacionadas con la COVID-19. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en su informe anual sobre la pena de muerte.

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El presente informe contiene información que abarca el período comprendido entre enero de 2001 y diciembre de 2002, a fin de asegurarse de que no queden lagunas desde la última versión del sexto informe quinquenal, que contiene información hasta fines de 2000. El informe indica que prosigue la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte, lo que se ilustra, entre otras cosas, por el aumento del número de ratificaciones de instrumentos internacionales que prevén la abolición de esta sanción.

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PENA DE MUERTE Y LOS CRIMENES POR DROGA
HECHOS Y DATOS
13° Día Mundial contra la pena de muerte

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Folleto para la Día Mundial de 2012: En los últimos diez años se ha logrado un progreso significativo para poner fin definitivo a la pena de muerte. La tendencia general sugiere que la pena capital a nivel mundial está en declive, pero queda mucho trabajo por hacer para poner fin a la pena de muerte.

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En su resolución 1745 (LIV), de 16 de mayo de 1973, el Consejo Económico y Social invitó al Secretario General a que le presentara informes periódicos
actualizados y analíticos sobre la pena capital a intervalos quinquenales a partir de 1975. En su resolución 1995/57, de 28 de julio de 1995, el Consejo recomendó que los informes quinquenales del Secretario General siguieran abarcando también la aplicación de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de las personas condenadas a la pena de muerte. En esa misma resolución, el Consejo pidió al Secretario General que, al preparar el informe quinquenal, utilizara todos los datos disponibles, incluidas las investigaciones criminológicas más recientes. El presente informe, que es el décimo informe quinquenal, contiene un examen del uso de la pena capital y las tendencias al respecto, incluida la aplicación de las salvaguardias,
durante el período 2014-2018.

De conformidad con las resoluciones del Consejo Económico y Social 1745 (LIV) y 1990/51, de 24 de julio de 1990, y con la decisión 2005/247 del Consejo, de 22 de julio de 2005, este informe se presenta al Consejo en su período de sesiones sustantivo de 2020, y se presentará también a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 29º período de sesiones y al Consejo de Derechos Humanos en su 44º período ordinario de sesiones.

En el informe sobre el quinquenio 2014-2018 se confirma la tendencia, documentada en informes anteriores, a la abolición y limitación del uso de la pena capital en la mayoría de los países. El número de Estados que han abolido la pena de muerte en la legislación y en la práctica siguió aumentando. Esto se refleja en el mayor número de Estados que asumen la obligación dimanante de los tratados de no aplicar la pena de muerte. En el quinquenio también se registraron alguno s años en que aumentó significativamente la cantidad de ejecuciones, que llevaron a cabo un número pequeño de Estados. La situación se estabilizó al final del período abarcado por la encuesta, y el número de ejecuciones registradas en el último año, 2018, fue el
menor en muchos años.

Las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de las personas condenadas a la pena de muerte se aplican a los Estados que mantienen la pena capital. No obstante, preocupa que se siguiera imponiendo la pena de muerte a personas que eran menores de 18 años en el momento de cometer el delito, y que se impusieran sentencias de muerte en casos en que no se cumplía la norma de los “delitos más graves”, y en casos en que los juicios correspondientes no se ajustaron a las normas internacionales.

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El presente informe detalla las actividades realizadas por el Relator Especial en 2009 y en los primeros cuatro meses de 2010. Es el informe final presentado al Consejo de Derechos Humanos por Philip Alston en su calidad de Relator Especial. En él se analizan las actividades y los métodos de trabajo del mandato durante los últimos seis años y se señalan cuestiones importantes que convendría estudiar en el futuro. Las adiciones detalladas de este informe tratan de las siguientes cuestiones: a) la rendición de cuentas por los homicidios cometidos por la policía; b) los asesinatos relacionados con los procesos electorales; y c) las ejecuciones selectivas.

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Este informe se presenta a la Asamblea General conforme a lo dispuesto en la resolución 63/168 de dicha Asamblea. El informe confirma la tendencia existente en todo el mundo hacia la abolición de la pena de muerte. También recomienda a los Estados Miembros que introduzcan una moratoria para dicha pena. Aquellos Estados que aún tengan la intención de aplicar la pena de muerte y no deseen establecer una moratoria solo deberían imponerla en el caso de los delitos más graves. Debería asegurarse que los derechos de los condenados a muerte se protegen conforme a las normas internacionales pertinentes. Asimismo, en este sentido, los Estados están obligados a no aplicar la pena de muerte en secreto y a no incurrir en discriminación al aplicarla.

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El presente informe contiene información sobre la cuestión de la pena capital yabarca el período que va de junio de 2009 a julio de 2010. En él se señalan una serie defenómenos, como la continuación de la tendencia hacia la abolición y las dificultades quese siguen experimentando para obtener información fidedigna sobre las ejecuciones.

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En el presente informe, que contiene información sobre el período que va de junio de 2008 a julio de 2009, se señala a la atención una serie de fenómenos, como la constante tendencia hacia la abolición, el inicio de debates nacionales sobre la pena de muerte, y las continuas dificultades para obtener información fiable sobre las ejecuciones.

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En el presente informe se analiza el grado de observancia de los derechos de los condenados a muerte previstos en los tratados internacionales de derechos humanos y en las directrices establecidas por el Consejo Económico y Social en 1984. Sobre la base de las contribuciones de los Estados Miembros, el informe examina los distintos motivos para establecer una moratoria de la pena de muerte, abolir dicha pena o mantenerla. También contiene datos estadísticos actualizados sobre el uso en todo el mundo de la pena de muerte, incluidas las moratorias establecidas en los Estados que no han abolido ese tipo de pena, así como las novedades pertinentes en la materia que se han producido desde el sexagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General. El informe concluye confirmando la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, el importante papel que desempeñan las moratorias en los Estados que pretenden abolirla y las posibilidades de continuar la labor sobre esta cuestión.

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El presente informe, con información sobre el período que va desde enero de 2006 a mayo de 2008, indica que continúa la tendencia a la abolición de la pena capital. Esto lo demuestra, entre otras cosas, el aumento del número de países que son totalmente abolicionistas y el aumento de las ratificaciones de los instrumentos internacionales que prevén la abolición de esta forma de castigo.

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El presente informe contiene información que abarca los acontecimientos ocurridos durante 2006. El informe indica que prosigue la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte, lo que se ilustra, entre otras cosas, con el aumento del número de países que han abolido la pena de muerte y del número de ratificaciones de instrumentos internacionales que prevén la abolición de esta forma de sanción.

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El presente informe contiene información que abarca el período comprendido entre enero de 2004 y diciembre de 2005. El informe indica que prosigue la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte, lo que se ilustra, entre otras cosas, con el aumento del número países totalmente abolicionistas y también del número de ratificaciones de instrumentos internacionales que prevén la abolición de esta sanción.

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El informe muestra una alentadora tendencia hacia la abolición y la limitación del uso de la pena capital en la mayoría de los países. Muestra también que queda mucho por hacer en relación con la aplicación de las salvaguardias para proteger los derechos de las personas condenadas a la pena de muerte en los países que todavía la aplican.

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El presente informe contiene información que abarca el período contenido entre enero de 2003 y diciembre de 2003. El informe indica que prosigue la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte, lo que se ilustra, entre otras cosas, con el aumento del número de ratificaciones de instrumentos internacionales que prevén la abolición de esta sanción.

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El presente informe, que se ha preparado de conformidad con las resoluciones del Consejo Económico y Social 1754 (LIV), de 16 de mayo de 1973, y 1995/57, de 28 de julio de 1995, y la decisión del Consejo 2005/247, de 22 de julio de 2005, es el octavo informe quinquenal del Secretario General sobre la pena capital. El informe confirma una tendencia muy marcada hacia la abolición y limitación del uso de la pena capital en la mayoría de los países. La tasa según la cual los Estados que mantenían la pena capital al comienzo del quinquenio han abolido su uso tanto en la ley como en la práctica es comparable a la de los anteriores períodos de presentación de informes, e incluso tal vez se haya acelerado ligeramente. Además, los países que mantienen la pena de muerte, con escasas excepciones, han reducido significativamente su uso desde el punto de vista del número de personas ejecutadas y de los delitos por los que se puede imponer. No obstante, donde la pena capital se mantiene en vigor existen graves problemas respecto de las normas y disposiciones internacionales, sobre todo en la limitación de la pena capital a los delitos más graves, la exclusión de los menores delincuentes de su ámbito de aplicación y las garantías de un juicio imparcial.

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El presente informe, que se ha preparado de conformidad con las resoluciones del Consejo Económico y Social 1754 (LIV), de 16 de mayo de 1973, y 1995/57, de 28 de julio de 1995, es el séptimo informe quinquenal del Secretario General sobre la pena capital. Abarca el período 1999-2003 y examina la evolución en el uso de la pena capital en todo el mundo, tanto en la ley como en la práctica. El informe muestra una alentadora tendencia hacia la abolición y la limitación del uso de la pena capital en la mayoría de los países. Muestra también que queda mucho por hacer en relación con la aplicación de las salvaguardias para proteger los derechos de las personas condenadas a la pena de muerte en los países que todavía la aplican.

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E l presente sexto informe quinquenal contiene un examen de las tendencias de la aplicación de la pena de muerte, incluida la aplicación de las salvaguardias, durante el período 1994 -2000. Se trata de una versión revisada y actualizada del informe del Secretario General sobre el tema (E /2 0 0 0 /3 ) que se presentó al Consejo en su período d e sesiones sustantivo de 2000, a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su noveno período de sesiones y a la Comisión de Derechos Humanos en su 56º período de sesiones. Sesenta y tres países participaron en la encuesta conexa . Una vez más , la tasa de respuesta de los países retencionistas, en particular los que aplicaban más a menudo la pena capital, fue relativamente baja. Una conclusión importante que se puede sacar es que desde 1994 no se ha modificado el porcentaje de países que adoptan la abolición de la pena de muerte.

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Además de informar sobre las principales iniciativas tomadas en 2006 para abordar el flagelo de las ejecuciones extrajudiciales en el mundo, el informe se centra en cuatro cuestiones de particular importancia: a) el mandato del Relator Especial en los conflictos armados; b) los «homicidios por piedad» en los conflictos armados; c) los «más graves delitos» por los cuales puede imponerse la pena de muerte; y d) la condición jurídica internacional de la pena de muerte obligatoria.

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Este informe se presenta de conformidad con la resolución 2005/34 de la Comisión y debe leerse junto con sus diferentes adiciones. En ellas figura la siguiente información: un análisis detallado de las comunicaciones enviadas a los gobiernos en las que se describen los presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales; informes sobre las misiones realizadas a Nigeria y Sri Lanka durante 2005; un informe sobre el principio de transparencia en relación con la pena de muerte; y varios informes relativos al seguimiento de las misiones realizadas anteriormente al Sudán, el Brasil, Honduras y Jamaica.

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En el presente informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias se examina la esfera crítica del incumplimiento de las garantías jurídicas establecidas para proteger el derecho a la vida. El informe se basa en la premisa de que el derecho internacional «no prohíbe a los países que opten por el mantenimiento de la pena de muerte, pero éstos tienen la obligación inequívoca de divulgar los detalles de la aplicación de esa pena» (E/CN.4/2005/7, párr. 59). En él se analiza la base jurídica de esa obligación de transparencia, y se examinan estudios de casos que ilustran los principales problemas que existen en esta esfera.

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En la parte analítica del informe, se examina en profundidad un pequeño número decuestiones, prestando especial atención a la responsabilidad. Los cuatro temas principales que se abordan son: i) el genocidio y los crímenes de lesa humanidad; ii) las violaciones del derecho a la vida durante los conflictos armados y las contiendas civiles; iii) la pena capital; y iv) las violaciones del derecho a la vida por parte de agentes no estatales.

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El informe examina también el tema de la pena capital y hace referencia a los casosde pena de muerte en que la Relatora Especial ha intervenido al tener noticia de que las sentencias se han pronunciado en violación de las restricciones internacionales y de la normativa de derechos humanos.

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En el informe también se examina el tema de la pena capital y se hace referencia a casos de pena de muerte en que la Relatora Especial intervino al tener noticia de que las condenas se habían dictado en violación de las restricciones internacionales y de la normativade derechos humanos.

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En el informe también se examina el tema de la pena capital y se hace referencia a casos de pena de muerte en los que la Relatora Especial intervino al tener noticia de que las condenas correspondientes se habían anunciado en violación de las limitaciones internacionales y de las normas de derechos humanos

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En la resolución 1999/35, la Comisión de Derechos Humanos pidió a la Relatora Especial que siguiera examinando situaciones de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, respondiera efectivamente a la información que se le presentase e intensificara su diálogo con los gobiernos, y procediera al seguimiento de las recomendaciones hechas en los informes sobre las visitas a determinados países. La Comisión también pidió que la Relatora Especial continuara vigilando el cumplimiento de las normas internacionales existentes sobre salvaguardias y limitaciones para la aplicación de la pena capital teniendo en cuenta los comentarios hechos por el Comité de Derechos Humanos en su interpretación del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de su segundo Protocolo Facultativo.

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Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución 1998/68 de laComisión de Derechos Humanos, de 21 de abril de 1998, titulada “Ejecucionesextrajudiciales, sumarias o arbitrarias”. Es el primer informe quela Sra. Asma Jahangir somete a la consideración de la Comisión y el decimosextode los presentados a ésta desde que el Consejo Económico y Social estableció elmandato sobre “ejecuciones sumarias y arbitrarias” en virtud de su resolución1982/35, de 7 de mayo de 1982.

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Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución 1997/61 de laComisión de Derechos Humanos, de 16 de abril de 1997, titulada «Ejecucionesextrajudiciales, sumarias o arbitrarias». Es el sexto informe presentado ala Comisión de Derechos Humanos por el Sr. Bacre Waly Ndiaye y el 15º informepresentado a la Comisión desde la atribución del mandato sobre «ejecucionessumarias o arbitrarias» por el Consejo Económico y Social en suresolución 1982/35 de 7 de mayo de 1982.

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En el capítulo III, el Relator Especial se centra en la compatibilidad de la pena de muerte con la prohibición de las penas crueles, inhumanas o degradantes. Saca la conclusión de que la interpretación histórica del derecho a la integridad de la persona y la dignidad humana en relación con la pena de muerte está cada vez más reñida con la interpretación dinámica de ese derecho en relación con el castigo corporal y las incoherencias resultantes de la distinción entre castigo corporal y pena capital, así como con la tendencia universal a abolir la pena capital.

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El Relator Especial también está muy preocupado por todas las circunstancias que rodean en Mongolia a la pena de muerte, especialmente su absoluto secreto. A pesar de las peticiones reiteradas que el Relator Especial dirigió a las máximas autoridades del Gobierno, a los fiscales y al poder judicial, no se le proporcionó información oficial alguna. El Relator expresó preocupación por el hecho de que no se notificara ni siquiera a las familias de los condenados la fecha o el lugar precisos de la ejecución ni se les entregaran los restos mortales para enterrarlos, lo que supone un trato inhumano a la familia contrario al artículo 7 del Pacto. Además los presos condenados a muerte de las prisiones de Gants Hudag y Zuunmod permanecen recluidos en aislamiento completo, esposados y encadenados, y no reciben alimentos adecuados. Estas condiciones constituyen castigos añadidos que sólo cabe calificar de torturas según la definición recogida en el artículo 1 de la Convención.

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Resumen = Español, Annex = InglésEl Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos odegradantes realizó una visita a China del 20 de noviembre al 2 de diciembre de 2005 por invitación del Gobierno chino. Expresa su agradecimiento al Gobierno por la plena cooperación prestada durante la visita. El informe contiene un estudio de los aspectos jurídicos y fácticos de la situación en lo que respecta a la tortura o los malos tratos en China.

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En el presente informe, el Sr. Heiner Bielefeldt, Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias, ofrece un panorama general de las actividades que ha llevado a cabo después de la presentación del informe anterior a la Asamblea General (A/66/156), incluidas las visitas a países, las comunicaciones y otras actividades.

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En los Estados en los que se sigue utilizando la pena de muerte, el derecho internacional impone requisitos estrictos que deben cumplirse para que esta no se considere ilícita. En el presente informe el Relator Especial examina el problema del error y el uso de tribunales militares en el contexto de los requisitos de un juicio imparcial. También examina la limitación de la imposición de la pena de muerte solo a los delitos más graves, que son los casos de homicidio intencional. Por último, examina cuestiones relativas a la colaboración y la complicidad, así como la transparencia en el uso de la pena de muerte.

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Este informe se presenta en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 26/2 y 42/24. Contiene un resumen de la mesa redonda de alto nivel sobre la cuestión de la pena de muerte que se celebró el 23 de febrero de 2021 durante el 46º período de sesiones del Consejo. La mesa redonda se ocupó de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con el uso de la pena de muerte, en particular de si el uso de dicha condena tiene un efecto disuasorio sobre la tasa de delincuencia.

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Este informe se presenta a la Asamblea General conforme a lo dispuesto en su resolución 65/206. En él se examina la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte y el establecimiento de una moratoria de las ejecuciones, así como la aplicación de las normas internacionales relativas a la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte. Se analiza asimismo la importancia de publicar información pertinente sobre el uso de la pena de muerte, que puede contribuir a debates nacionales transparentes, y las iniciativas nternacionales y regionales para promover la abolición universal de la pena de muerte.

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