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El lunes 16 de marzo de 2015, el Gran Caribe por la Vida (GCL por sus siglas en inglés) se dirigió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre cuestiones relativas a la pena de muerte en el Gran Caribe, en una audiencia temática dedicada celebrada en la sede de la organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C.

Un comunicado emitido por gobiernos de países que aplican y de otros que no aplican la pena de muerte hace un llamado por un mundo “que respeta la dignidad humana” con motivo del Día Mundial contra la pena de muerte.

El 12º Día Mundial contra la pena de muerte dio lugar a cientos de acciones en todos los continentes, como también en los medios de comunicación y en Internet.

Representantes de la Unión Europea y de la sociedad civil bielorrusa denuncian la falta de voluntad política de Minsk sobre la abolición de la pena de muerte.

La Declaración reúne 18 signatarios de todas las regiones del mundo, entre los cuales algunos están aún en vía de abolir la pena capital, bajo un mensaje común: el apoyo internacional a la abolición de la pena de muerte no deja de crecer, alimentado por una toma de conciencia mayor de los riesgos y fallas que conlleva.

Solo se trata de unos primos pequeños pasos, pero Irán, Sudán y Yemén, los únicos tres países en aplicar la pena de muerte a los menores de edad, junto a Arabia Saudí, han marcado leves avances en este ámbito.

Una declaración firmada por organizaciones locales y un informe de Amnistía Internacional denuncian múltiples violaciones de los derechos humanos en la aplicación de la pena de muerte en la región y piden a los gobiernos «la eliminación de la pena de muerte de las legislaciones de una vez por todas».

San Juan, Puerto Rico – El 27 de septiembre de 2012, un jurado rechazó la petición del Gobierno de los Estados Unidos de imponer la pena capital en un juicio por asesinato en el Tribunal de Distrito Federal. El Colegio de Abogados de Puerto Rico y la Coalición de Puerto Rico contra la Pena de Muerte se encontraban entre las organizaciones que lideraron una serie de vigilias, comunicados de prensa, radio y apariciones en televisión, así como muchos otros eventos para elevar la voz del abolicionismo y la justicia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte de que la lucha contra la pena de muerte en los tribunales no es suficiente.

Por primera vez en nueve años, las Naciones Unidas participaron en la celebración del Día Mundial contra la Pena de Muerte.

Al menos 10 personas condenadas a muerte correrán peligro de ser ejecutadas si se aprueban en Papúa Nueva Guinea las modificaciones legales que facilitarían la reanudación de las ejecuciones.

Al menos 682 personas fueron ejecutadas el año pasado sin incluir China, según Amnistía Internacional.

Numerosos activistas, abogados y personas que han pasado por el corredor de la muerte se reunieron en Trinidad y Tobago para debatir las estrategias a seguir para lograr la abolición y organizarse en el marco de Gran Caribe por la Vida.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunió a representantes de la sociedad civil, de los diferentes Estados y de la ONU para abordar el tema de los derechos de los niños y niñas de personas condenadas a muerte o ejecutados

Miembro de la Coalición Mundial, la asociación Ensemble contre la peine de mort (ECPM) participó en la “Fête de l’Humanité” del mes de septiembre en Paris con el fin de dar a conocer el 12º Día Mundial contra la pena de muerte del 10 de octubre.

Este informe abarca la aplicación judicial de la pena de muerte durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2014. Al igual que en años anteriores, la información recopilada procede de diversas fuentes, entre ellas cifras oficiales, información procedente de personas condenadas a muerte y de sus familias y representantes, información facilitada por otras organizaciones de la sociedad civil, e información publicada en los medios de comunicación. Amnistía Internacional sólo informa sobre ejecuciones, condenas a muerte y otros aspectos del uso de la pena de muerte, como las conmutaciones y exoneraciones, cuando existe una confirmación razonable. En muchos países, los gobiernos no publican información sobre su uso de la pena de muerte, lo que dificulta la confirmación de dicho uso. En Bielorrusia, China y Vietnam, la información sobre el uso de la pena de muerte está clasificada como secreto de Estado. En 2014, la información disponible sobre algunos países, concretamente Corea del Norte, Eritrea, Malaisia y Siria, fue escasa o nula debido a prácticas restrictivas del Estado, a la inestabilidad política o a ambas cosas.

Durante 2017, Amnistía Internacional registró un mínimo de 993 ejecuciones en 23 países: una reducción del 4% respecto a 2016 (con 1.032 ejecuciones) y del 39% respecto a 2015 (cuando la organización informó de 1.634 ejecuciones, la cifra más cuantiosa desde 1989). China siguió siendo el mayor ejecutor del mundo, pero excluyendo a China, el 84% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan sólo cuatro países: Arabia Saudí, Irán, Irak y Pakistán.

Cuando un Estado ratifica un tratado, se compromete, ante la toda Comunidad internacional, a respetar sus compromisos. Si llegara a faltar a sus obligaciones, o fuera en contra de lo dispuesto en el tratado, su responsabilidad frente a la Comunidad internacional puede verse comprometida.