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El articulo se centra en los hijos y hijas de padres sentenciados a la pena de muerte. Explora los impactos, de diversa indole y multiples facetas de la condena a pena de muerte sobre los hijos.

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Alrededor del mundo, comúnmente se asume que los familiares de las víctimas de la violencia están a favor de la pena capital. Se presume que las ejecuciones satisfacen las necesidades de justicia en las víctimas del crimen. Ser un oponente a la pena de muerte es visto como estar en contra de la víctima. A través de sus declaraciones, testimonio y material educativo, los miembros de MVFHR demuestran a quienes tienen el cargo de hacer las leyes políticas y al público en general, que sí es posible estar en pro de la víctima e ir en contra de la pena de muerte a la vez.

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Desde el momento del arresto hasta décadasdespués de la ejecución o liberación de unpadre o una madre acusados de un crimencapital, la situación mental y bienestar de los niñosy niñas, su situación de vida y relación con otros,pueden todos verse afectados, por lo común,de manera devastadora. El trauma inherentede saber que un ser querido va a ser ejecutadopuede verse exacerbado por la indiferencia uhostilidad pública, y por las autoridades que noreconocen la situación de esos niños y niñas odeliberadamente se rehúsan a tomarla en cuenta. Esta publicacion se interesa a los retos para sostener estos ninos.

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Son un meritorio club de supervivientes. En la historia de Estados Unidos ha habido 139 inocentes rescatados del corredor de la muerte, en el que nunca debieron entrar. ‘El País Semanal’ accede a una reunión privada de 21 de ellos en Birmingham (Alabama). Durante cinco días de noviembre, convivimos con estos hombres que son historia viva de Norteamérica.

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Fotogalería: historias de todo el mundo sobre la pena capital, con la voz de Colin Firth

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Mujeres condenadas a muerte: una realidad invisible

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Folleto para la Día Mundial de 2012: En los últimos diez años se ha logrado un progreso significativo para poner fin definitivo a la pena de muerte. La tendencia general sugiere que la pena capital a nivel mundial está en declive, pero queda mucho trabajo por hacer para poner fin a la pena de muerte.

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Artículo 61. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.2. En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.

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Artículo 37Los Estados Partes velarán por que:a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad.

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Aprobadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 1984/50, de 25 de mayo de 19841. En los países que no la hayan abolido, la pena de muerte sólo podrá imponerse como sanción para los delitos más graves, entendiéndose que su alcance se limitará a los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales u otras consecuencias extremadamente graves.

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Los Estados Partes en el presente Protocolo,Considerando que la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos,Recordando el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948, y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre de l966,Observando que el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiere a la abolición de la pena de muerte en términos que indican claramente que dicha abolición es deseable,Convencidos de que todas las medidas de abolición de la pena de muerte deberían ser consideradas un adelanto en el goce del derecho a la vida,Deseosos de contraer por el presente Protocolo un compromiso internacional para abolir la pena de muerte,Han convenido en lo siguiente:Artículo 11. No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte en el presente Protocolo.2. Cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción.

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Cerca de 125 ciudadanos extranjeros se encuentran condenados a pena de muerte en 16 jurisdicciones. Casi la mitad de los ciudadanos extranjeros condenados a muerte son de México, que ha sido abolicionista en caso de delitos comunes desde 1937.

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El derecho constitucional de los Estados Unidos está de acuerdo con algunas de estas salvaguardas, pero no lo suficiente. La ejecución de un demente, alguien que no comprende la razón de su castigo ni la realidad del mismo, viola la constitución de los Estados Unidos.

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La eliminación de la pena de muerte resultaría en un ahorro neto para el estado de por lo menos varias decenas de millones de dólares anuales, y un ahorro neto para los gobiernos locales de millones a decenas de millones de dólares a nivel estado.

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Un acusado tenía más posibilidades de ser sentenciado a muerte si la víctima del asesinato era blanca. Esto confirma los resultados de varios estudios en los que al mantener los demás factores constantes, el único indicador más confiable de si una persona será sentenciada a muerte es la raza de la víctima.

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Beccaria en De los Delitos y de las Penas (que fue prohibida por la Inquisición y tuvo que circular clandestinamente) aboga para que el Derecho Penal tenga como fundamento una justicia humanamente defensiva del hombre con miras a una rehabilitación del individuo que cometió un delito.

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La inyección letal es un método de ejecución que consiste en inyectar por vía intravenosa y de manera continua una cantidad letal de un barbitúrico de acción rápida en combinación con un producto químico paralizante. El procedimiento es similar al utilizado en un hospital para administrar una anestesia general, pero los productos son inyectados en cantidades letales. En Texas, uno de los 19 estados de Estados Unidos en los que la ejecución se realiza por inyección letal, se usan tres sustancias conjuntamente: tiopental sódico, bromuro de pancuronio y cloruro de potasio.El tiopental sódico es un barbitúrico de acción muy rápida que hace perder el conocimiento al preso, la segunda es un bloqueador de placa mioneural no despolarizante, que paraliza el diafragma, impidiendo así la respiración, y el cloruro de potasio despolariza el músculo cardíaco provocando un paro cardíaco.Actualmente se debate en Estados Unidos, en los estados donde está establecido este sistema de inyección de las tres sustancias como sistema de ejecución, si realmente produce una muerte indolora o existe sufrimiento por parte del condenado. Atención! El siguiente vídeo puede herir su sensibilidad debido a su alto contenido en imágenes violentas

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La horca, (del latín forca, horca del labrador) se denomina al conjunto de tres palos o vigas, dos hincados en la tierra y el tercero encima trabando los dos, en el que morían colgados por el cuello (ahorcamiento), los condenados a esa pena y en ocasiones los ajusticiados por la turbamulta sin haber sido condenados. Por extensión se denomina también horca al método de ejecución, homicidio o suicidio consistente en colgar a una persona tras rodearle el cuello con un lazo. También se denomina horca al palo que atravesado con otro servía para sujetar por el cuello al condenado y pasearlo, para escarmiento, por las calles. La horca puede provocar la rotura del cuello. La horca con plataforma pone inconsciente a la persona, a la que deja sin respiración, produciendo una muerte rápida. Pero el mecanismo principal causante de la muerte de la persona es la isquemia que se produce a nivel de la corteza cerebral. La cuerda, situada alrededor del cuello, ejerce una presión que colapsa los vasos del cuello, tanto las venas yugulares como las arterias carótidas. De hecho se han descrito casos de ahorcados traqueostomizados.Cadalso con horcaLa horca sigue utilizándose como método de ejecución legal en algunos países de Asia, como Irán, Singapur o Japón. En Estados Unidos hay estados que contemplan la posibilidad de la ejecución por horca, pero generalmente se utiliza la silla eléctrica o la inyección letal. Atención! El siguiente vídeo puede herir su sensibilidad debido a su alto contenido en imágenes violentas

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La silla eléctrica fue una máquina utilizada para la aplicación de la pena capital. Se utilizó principalmente en Estados Unidos desde el 6 de agosto de 1890 cuando se realizó la primera ejecución con este método. Con la prohibición de su uso en el Estado de Nebraska el 8 de febrero de 2008, ha dejado de ser el método primario de ejecución en ese país si bien algunos estados prevén su utilización como opción sujeta a la elección del reo. El prisionero condenado era atado a la silla, con un electrodo en la cabeza y otro en la pierna. Como mínimo se aplicaban dos choques eléctricos durante varios minutos dependiendo de la persona. El voltaje inicial de más o menos 2 kv servía para romper la resistencia inicial de la piel y causar inconsciencia (o, al menos, eso se pretendía). El voltaje se bajaba para reducir la cantidad de corriente que fluía y para evitar que el prisionero se quemase. Se usaba un flujo de corriente de 8 A. El cuerpo del condenado alcanzaba temperaturas de 59 °C y el flujo de la corriente eléctrica causaba daños severos a los órganos internos. En todo caso, aún cuando la ejecución se lleva a cabo correctamente, siempre se quema algo de piel y es desagradable para los guardias el tener que separar la piel quemada de los cinturones de la silla. El reo pierde el control de sus músculos después del primer choque eléctrico y puede llegar a defecar u orinar. Esto llevó a un refinamiento en las sillas más modernas. el protocolo de electrocución de Nebraska estipulaba que se debía someter al condenado a una descarga de 2.450 V durante 15 s; tras esto y una espera de 15 min, un médico verificaba si aún había señales de vida. Previamente, se administraba una descarga inicial de 2.450 V durante 8 s, seguida de una pausa de 1 s luego del cual se administraba una descarga de 480 V durante 22 s. Después de una pausa de veinte segundos, el ciclo se repetía tres veces más.Nebraska mantenía hasta el 8 febrero de 2008 la electrocución como su único método de ejecución. Atención! El siguiente vídeo puede herir su sensibilidad debido a su alto contenido en imágenes violentas

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Las cámaras de gas se usaban como «pena capital» en EE.UU, en el pasado, para ejecutar a condenados, especialmente convictos de asesinato.Cinco Estados (Wyoming, California, Maryland, Missouri, Arizona) mantienen técnicamente este método, pero todos alientan la inyección letal como alternativa.Fue uno de los métodos de exterminio nazi de uso más común en las matanzas masivas. Englobado en la llamada solución final, se desarrolló en los campos de concentración durante la segunda guerra mundial. También ha sido un método de ejecución de criminales en algunos países. Las cámaras de gas, eran recintos subterráneos o barracones generalmente disfrazados o simulados como duchas colectivas. Estaban completamente aisladas y contaban con un sistema que introducía monóxido de carbono, pero luego se usó el Zyklon B. La capacidad variaba en estas instalaciones, pero cabían de 1.000 a 2.500 reclusos.Desde el exterior -del techo, específicamente- se introducía Zyklon B, un cianurido que debido al contacto con la intensa humedad que emanaban los internos hacinados, liberaba grandes cantidades de ácido cianhídrico (HCN).El procedimiento podía eliminar en un día de 5.000 a 10.000 reclusos, incluidos ancianos, mujeres y niños. La frecuencia de uso dependía del abasto que diera el crematorio o serie de hornos de tipo fundición aledaños.La muerte total de la multitud expuesta sobrevenía después de 25 minutos. Como el gas actúa inhibiendo el ciclo respiratorio, las víctimas perecían por asfixia, mientras sufrían espasmos y convulsiones. Atención! El siguiente vídeo puede herir su sensibilidad debido a su alto contenido en imágenes violentas

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Video – El documental presenta la historia de Juan Balderas, condenado a pena de muerte, y la lucha de su mujer por demostrar su inocencia. Un asesinato, un culpable y una mujer dispuesta a todo para salvar la vida de su marido. El tiempo se acaba y si el recurso de apelación no prospera, será ejecutado con la inyección letal.

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El informe contiene información sobre la cuestión de la pena de muerte, y en él se afirma que la comunidad internacional en su conjunto está avanzando hacia la abolición de la pena capital en el derecho y en la práctica. Sin embargo, un pequeño número de Estados ha seguido utilizando esa pena y, en muchos casos, no se han respetado plenamente las normas internacionales que garantizan la protección de los derechos de los condenados a muerte. En el informe también se examinan las constantes dificultades para acceder a información fidedigna sobre las ejecuciones y sobre las cuestiones relacionadas con los derechos humanos de los hijos de personas condenadas a muerte o ejecutadas.

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Amnistía Internacional le sigue preocupando que varios altos funcionarios chinos siguen utilizando «mano dura» las políticas para restringir las actividades legítimas de una serie de activistas pacíficos, entre ellos periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos. Este informe se refiere a cambios en estas áreas, ilustrado por las experiencias de varias personas que han sido detenidas o encarceladas en violación de sus derechos humanos fundamentales. El hecho de que las autoridades chinas para resolver las debilidades legales e institucionales que permitan el florecimiento de tales violaciónes sigue obstaculizando los esfuerzos para fortalecer el estado de derecho en China.

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Durante más de dos siglos, los modos de llevar a cabo las ejecuciones han variado, desde los métodos diseñados para infligir y maximizar el sufrimiento de los presos víctimas de homicidio judicial, hasta el enfoque funcional adoptado por la mayoría de los gobiernos modernos que aplican la pena capital. Estos ponen el énfasis en la muerte del preso y no en acentuar el sufrimiento inherente al proceso de ejecución.

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En este documento se mira a la pena de muerte en 2007 a partir de la Nueva Jersey de la Pena de Muerte Comisión de Estudio sobre la liberación de su informe final recomendando la abolición y concluyendo con la Asamblea General de aprobar una resolución histórica llamando a una moratoria global. Se incluye la muerte por electrocución, la abolición, la ejecución, la conmutación y la suspensión de la ejecución, las enfermedades mentales, violación de menores y de índole geográfica y el color.

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Amnistía Internacional acoge con satisfacción el compromiso del gobierno con la abolición de la pena de muerte. Sin embargo, la organización insta a las autoridades a reforzar este paso conmutando con prontitud todas las penas de muerte pendientes y suspendiendo la imposición de nuevas penas hasta la abolición total de la pena capital en el año 2008. A menos que se introduzcan cambios fundamentales de inmediato, decenas de personas podrían ser condenadas a muerte y ejecutadas antes de enero del 2008. Amnistía Internacional ha documentado en anteriores informes las deficiencias del sistema de justicia penal de Uzbekistán y cómo éstas constituyen terreno abonado para la comisión de errores judiciales y para ejecuciones debidas a esos errores judiciales y a juicios manifiestamente injustos. Tras su visita al país en noviembre y diciembre del 2002, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura estimó que “[…] el uso de torturas o formas análogas de malos tratos es sistemático” en Uzbekistán. La falta de independencia de la judicatura, la corrupción que domina cada aspecto del sistema –desde la instrucción hasta el procedimiento de indulto–, las discrepancias palmarias entre la legislación interna, su aplicación y las obligaciones que ha contraído Uzbekistán en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, todo favorece la comisión de errores judiciales.

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Las autoridades vietnamitas no hacen públicos de forma periódica los datos estadísticos completos del número de penas de muerte dictadas y de ejecuciones llevadas a cabo, y la prensa oficial únicamente informa de un número limitado de casos. Sin embargo, Amnistía Internacional ha recibido información fiable según la cual la mayoría de las personas condenadas a muerte son ejecutadas una vez que sus causas han agotado los procedimientos de apelación. Las ejecuciones se llevan a cabo mediante pelotón de fusilamiento, al parecer frecuentemente en público, y en ocasiones en presencia de más de un millar de personas. Amnistía Internacional cree que la pena de muerte constituye la peor forma de pena cruel, inhumana y degradante y una vulneración del derecho a la vida y que las condiciones que rodean la aplicación de dichas penas en Vietnam contravienen las normas internacionales de derechos humanos. El hecho de que los juicios carentes de las debidas garantías sean habituales en Vietnam supone que la pena de muerte se aplica en condiciones que pueden dar lugar a errores judiciales irreversibles.

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Desde la reintroducción de la pena de muerte en agosto de 2004 más de 270 personas han sido condenadas a muerte en Irak. Irak ahora figura entre los países con mayor número de ejecuciones documentadas en 2006. Amnistía Internacional le preocupa que muchos de los condenados a muerte por el Tribunal Penal Central de Irak no recibieron un juicio justo. Amnistía Internacional pide al gobierno iraquí a establecer de inmediato una moratoria sobre las ejecuciones con vistas a la abolición total de la pena de muerte.

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La reciente ampliación en algunas partes de Nigeria de la pena de muerte a las áreas que muchos consideran como aspectos de la vida privada se ha centrado el debate tanto en la adecuación de la pena de muerte en general y sobre la utilización del sistema de justicia penal como forma de regular sexual comportamiento. Amnistía Internacional cree que la pena de muerte en su aplicación en Nigeria, en particular, viola los derechos humanos women’Â de acceso a la justicia, conforme a la ley internacional de derechos humanos y las normas, y tiene un efecto discriminatorio sobre las mujeres en ciertos casos y por ciertos delitos. Esto se hace especialmente grave en los casos de pena capital que está afectando gravemente a las mujeres de estratos socioeconómicos desfavorecidos y zonas remotas.

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El 8 de junio, el gobernador de Carolina del Sur firmó una ley que permite la pena de muerte para una persona condenada por segunda vez de delitos sexuales contra menores de la edad de 11 años y un día después, el gobernador de Oklahoma firmó un proyecto de ley similar. Amnistía Internacional insta a todos los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en los Estados Unidos para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos al no permitir cualquier expansión de la pena de muerte a delitos no letales, tales como asalto sexual. La organización reitera su llamamiento para una moratoria total sobre las ejecuciones en los Estados Unidos

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Este documento examina la cuestión de la extradición y la pena de muerte en los Estados Unidos. Se ve en el surgimiento de las cláusulas de pena de muerte en los tratados de extradición y las leyes y da ejemplos de casos concretos en los EE.UU. donde la extradición o impedido la aplicación de la pena de muerte o han sido eludidas a permitir a las personas para ser condenado a muerte.

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Durante el año 2006, el mundo siguió avanzando hacia la abolición universal de la pena de muerte. Al final del año, 88 países habían abolido la pena capital para todos los delitos. La pena de muerte ha sido abolida en la ley o en la práctica por 128 países. En este documento se tratan además temas como decisiones judiciales significativas, la aplicación de la pena de muerte a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, la reanudación de las ejecuciones y las actividades de campaña para promover la abolición

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Las ejecuciones de menores vulneran el derecho internacional. El consenso internacional de oposición a la ejecución de delincuentes juveniles refleja el reconocimiento universal de la capacidad de desarrollo y de cambio que tienen los jóvenes. La vida de un niño no debe desecharse nunca, con independencia de lo que haya hecho. El principio rector debe ser desarrollar al máximo la capacidad del menor para lograr, finalmente, el éxito en su reinserción en la sociedad. La ejecución es la máxima negación de este principio.

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Durante 2017, Amnistía Internacional registró un mínimo de 993 ejecuciones en 23 países: una reducción del 4% respecto a 2016 (con 1.032 ejecuciones) y del 39% respecto a 2015 (cuando la organización informó de 1.634 ejecuciones, la cifra más cuantiosa desde 1989). China siguió siendo el mayor ejecutor del mundo, pero excluyendo a China, el 84% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan sólo cuatro países: Arabia Saudí, Irán, Irak y Pakistán.

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Este documento pretende ofrecer una perspectiva general acerca del modo en que losgobiernos defienden el recurso a la pena de muerte para hacer frente a la delincuencia y a lainquietud sobre la seguridad pública, desviando la atención de la opinión pública desoluciones a largo plazo sumamente necesarias que podrían abordar la delincuencia y suscausas fundamentales con mucha mayor efectividad. Analiza una serie de estudios recientessobre tendencias en homicidios, la percepción pública de la seguridad y el efecto disuasoriode la pena de muerte. Los estudios concluyeron que, para disuadir de la comisión de delitos,los gobiernos deben seguir un planteamiento multifacético en el que participen distintossectores de la sociedad y se utilicen múltiples herramientas, en las que no tiene cabida lapena de muerte.

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En ocasión del Día Internacional contra la Pena de Muerte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhorta a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que tienen la pena de muerte a abolirla o a imponer una moratoria a su aplicación como paso hacia la abolición. Asimismo, exhorta a garantizar el pleno cumplimiento de las decisiones de la CIDH en casos relativos a pena de muerte. Aunque la mayoría de los Estados Miembros de la OEA han abolido la pena capital, una minoría importante la mantiene. Estados Unidos es actualmente el único país de las Américas donde se llevan a cabo ejecuciones a la pena de muerte.

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Los datos recopilados sobre la pena de muerte en 2013 confirman que sólo la aplican una minoría de países. No obstante, también hay que dejar constancia de algunos retrocesos graves. Entre los los aspectos negativos que Amnistía Internacional registró durante el año figuran la reanudación de las ejecuciones en Indonesia, Kuwait, Nigeria y Vietnam, así como el considerable aumento de las ejecuciones documentadas en Irán e Irak. El año pasado se documentaron ejecuciones en 22 países, uno más que en 2012.

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¿Qué le sucede a un menor cuyo padre o madre es condenado a muerte o ejecutado?En este documento, que se basa en estudios y experiencias de todo el mundo, se ahonda en los efectos prácticos y emocionales, desde el momento de la detención hasta más allá de la ejecución o liberación

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Este informe abarca la aplicación judicial de la pena de muerte durante el periodocomprendido entre enero y diciembre de 2012. Amnistía Internacional registra las cifrassobre el uso de la pena de muerte basándose en la mejor información disponible. Como enaños anteriores, se ha recabado información de diversas fuentes, que incluyen cifrasoficiales, información de personas condenadas a muerte y sus familias y representantes,informes de otras organizaciones de la sociedad civil e informaciones de los medios decomunicación.

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Forma parte del Proyecto Educación para la Dignidad Humana de Amnistía Internacional, y está concebida para ser utilizada con los módulos fundamentales del proyecto que tratan cuestiones relativas a la pobreza y los derechos humanos. Sin embargo, este manual de facilitación se ha elaborado con la flexibilidad necesaria para que pueda ser usado por sí solo como recurso de carácter general en diversos entornos.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy su Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jamaica.

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Las noticias sobre el uso de la pena de muerte en 2011 confirman la tendencia universal hacia la abolición. En comparación con el año anterior, se redujo el número de países de los que se tuvo noticia que habían ejecutado condenas a muerte y, en términos generales, en todas las regiones del mundo se registraron avances en este erreno. Aunque Estados Unidos continuó como único país del G8 que lleva a cabo ejecuciones, Illinois se convirtió en el decimosexto estado abolicionista de la unión y, en noviembre, el gobernador de Oregón anunció una moratoria de las ejecuciones

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El informe busca difundir los estándares desarrollados con relación a la aplicación restrictiva de la pena de muerte, según ha sido examinada por los órganos del Sistema Interamericano en los últimos quince años

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El Manual, orientado a todos los actores de la sociedad civil, entre los que se incluyen, pero sin limitarse a los mismos, las organizaciones no gubernamentales (ONG), explica cómo la sociedad civil puede relacionarse con los distintos órganos y mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

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Este informe se presenta en virtud de la resolución 16/9 del Consejo de Derechos Humanos, en la que se establece el mandato del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán.

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Trabajando con el Programa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: un Manual para la sociedad civil está orientado a los actores de la misma que, día a día y por doquier, contribuyen a promocionar, proteger y propugnar los derechos humanos. Se elaboró sobre la base de una encuesta entre los usuarios de la primera edición del Manual – Trabajando con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Manual para las ONG (2006) – esta segunda edición, exhaustiva, actualizada y revisada, se centra en los órganos y mecanismos de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas. El Manual, orientado a todos los actores de la sociedad civil, entre los que se incluyen, pero sin limitarse a los mismos, las organizaciones no gubernamentales (ONG), explica cómo la sociedad civil puede relacionarse con los distintos órganos y mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) confía en que este Manual sirva para que un mayor número de personas, disfrute y reivindique sus derechos humanos, por conducto de estos órganos y mecanismos.

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Esta carpeta de materiales contiene ideas acerca de cómo tú, ciberactivista, puedes llevar a cabo acciones con eficacia. Incluye toda la información que necesitas para participar en las campañas de Amnistía Internacional, implicarte y animar a otras personas a que hagan lo mismo.

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Durante el año 2007 el mundo siguió avanzando hacia la abolición universal de la pena de muerte. Un hito histórico en el camino hacia la abolición de la pena capital en todo el mundo lo constituye la suspensión de las ejecuciones que la 62ª Asamblea General de la ONU aprobó el 18 de diciembre de 2007

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Unos 87 presos permanecen en la actualidad condenados a muerte en Japón. La última ejecución tuvo lugar el 16 de septiembre de 2005, cuando Kitagawa Susumu fue ahorcado por orden del ministro de Justicia por dos asesinatos cometidos en la década de 1980. Desde el año 2000 se ha ejecutado a 11 presos.

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Este documento intenta informar de las novedades que se produjeron en 1999 y proporcionar datos, actualizados al concluir el año, sobre la situación de la pena de muerte en todo el mundo, sobre diferentes aspectos de su aplicación y sobre los intentos de abolirla o de reducir su imposición.

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Durante el año 2005 el mundo siguió avanzando hacia la abolición universal de la pena de muerte. A final de año, 86 países habían abolido la pena capital para todos los delitos (véase la Tabla 1). Otros 11 países la abolieron para todos los delitos salvo algunas excepciones, como los cometidos en tiempo de guerra.

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En 2010 se tuvo constancia de que se llevaron a cabo ejecuciones judiciales en no menos de 23 países. Son cuatro países más que en 2009, año en que Amnistía Internacional registró el menor número de países que habían ejecutado a personas desde que la organización comenzó a hacer seguimiento de las cifras sobre pena de muerte.

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En 2008, el mundo avanzó aún más hacia la abolición de la pena de muerte. En diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por amplia mayoría una segunda resolución en la que se pedía una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte. Esta resolución consolida tres decenios de progreso constante hacia la abolición total de la pena capital.

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Este documento contiene las novedades respecto a la pena de muerte acontecidas en el año 2002, a lo largo del cual el número de países totalmente abolicionistas aumentó hasta 76. Cuestiones tratadas en el presente documento son: decisiones judiciales importantes; estudios importantes; el uso de la pena de muerte contra personas inocentes; reducciones en el ámbito de la pena de muerte; suspensión y conmutaciones, y medidas para limitar las apelaciones en las causas por delitos punibles con la muerte.

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Tras siete años sin ejecuciones en Ghana, Amnistía Internacional renueva sus llamamientos a las autoridades para que tomen medidas encaminadas a abolir la pena de muerte. Ante las próximas elecciones presidenciales en diciembre del 2000, la organización insta al gobierno y a los partidos de la oposición a comprometerse para instituir una suspensión de las ejecuciones.

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En octubre de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que «ha surgido una norma del derecho internacional consuetudinario que prohíbe la ejecución de delincuentes menores de 18 años en momentos de cometer el delito» y que «ésta ha sido reconocida como una norma de carácter suficientemente inalienable como para constituir una norma de jus cogens». En este documento se analizan los hechos que apoyan la conclusión de que la aplicación de la pena de muerte a menores (personas que han sido condenadas por delitos que cometieron siendo menores de 18 años) está prohibida por el derecho consuetudinario internacional y como norma imperativa del derecho internacional general (jus cogens).

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