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La imposición de la pena de muerte a personas que eran menores de 18 años cuando cometieron el delito está prohibida en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, si bien algunos países siguen permitiendo o llevando a cabo ejecuciones de menores delincuentes. Estas ejecuciones son pocas en comparación con la totalidad de las que tienen lugar en el mundo. No obstante, su importancia va más allá de su número y pone en entredicho el compromiso de los Estados que las llevan a cabo con el respeto a las normas internacionales.

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Respecto de la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) Y respecto de las medidas legislativas relativas a la imposición obligatoria de la pena de muerte y temas afines. El 8 de diciembre de 2004, Amnistía Internacional 1 presentó recomendaciones escritas, como parte interesada en el tema de esta solicitud de una opinión consultiva.

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Este documento contiene las novedades con respecto a la pena de muerte acontecidas en el año 2003, a lo largo del cual el número de países totalmente abolicionistas se mantuvo en 77. Cuestiones tratadas en el presente documento son: decisiones judiciales importantes, el uso de la pena de muerte contra personas inocentes, reducciones y ampliaciones del ámbito de aplicación de la pena de muerte, y suspensión de ejecuciones y conmutaciones de la pena capital.

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Este documento intenta informar de las novedades que se produjeron en 2000 y proporcionar datos, actualizados al concluir el año, sobre la situación de la pena de muerte en todo el mundo, sobre diferentes aspectos de su aplicación y sobre los intentos de abolirla o de reducir su imposición.

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La pena de muerte no es un acto de legítima defensa frente a una amenaza inminente contra la vida: consiste en dar muerte de forma premeditada a un preso que podría ser castigado con otros métodos menos crueles e igualmente eficaces.

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¿qué hacemos si las cosas van mal?, ¿cuando nuestro ordenador se estropea y aniquila años de trabajo duro?, ¿cuando nuestros correos electrónicos no llegan a los destinatarios o cuando no podemos acceder a un sitio web? ¿Cómo reaccionar ante la noticia de un virus que daña ordenadores en todo el mundo, o ante un correo electrónico recibido supuestamente de un amigo que nos pide que abramos el archivo adjunto? Las decisiones tomadas sin información conducen a malas elecciones, y la confianza ciega en la tecnología suele dar lugar a costosos errores.Este libro no está dirigido a un mago de los ordenadores. Sus objetivos son informar a los usuarios de ordenadores comunes y ofrecerles soluciones a los problemas de privacidad y seguridad que pueden surgir en un entorno digital moderno.

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Estos manuales plantean más de treinta y cinco diferentes asuntos relacionados con la reforma penal. Se utilizó información amplia de obras anteriores realizadas por terceros, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos1, UNICEF, el ICRC y Amnistía Internacional.

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El Proyecto de Justicia de Arizona (Arizona Justice Project) usará este cuestionario para decidir si su caso califica para recibir asistencia bajo el subsidio de análisis de ADN administrado por el Instituto Nacional de Justicia (National Institute of Justice).

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Diecisiete trabajadores migrantes indios han sido condenados a muerte en un juicio injusto en los Emiratos Árabes Unidos por el asesinato de un ciudadano paquistaní. Al parecer, algunos fueron torturados para hacerlos «confesar». Están expuestos a sufrir más tortura.

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¿TIENE EFECTOS DISUASORIOS LA PENA DE MUERTE?; PRESTIDIGITACIÓN POLÍTICA; EJECUCIONES SECRETAS; VIDA POR VIDA: UNA PROPUESTA INACEPTABLE; ¿EXISTE UN MÉTODO HUMANO DE EJECUCIÓN?; HACIA LA ABOLICIÓN; EL ESTADO ES EL QUE MATA

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Este libro es el primer fruto en lengua española del compromiso de poner a disposición de la Comunidad internacional los materiales académicos de mayor relevancia dirigidos a la abolición o moratoria de la pena de muerte. En concreto, esta edición contiene artículos de diversos orígenes sobre aspectos transcendentales con el argumentario sobre la idea de dignidad de la persona humana y de los derechos fundamentales frente a la pena de muerte. Asimismo se ofrece una aproximación crítica a la pena de muerte desde distintas concepciones jurídicas, culturales y religiosas. A este primer esfuerzo editorial le seguirán otros, también en otras lenguas, que incluirá trabajos presentados durante la celebración del Coloquio internacional por la abolición universal de la pena capital, organizado en Madrid, por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha, que se celebró los días 10 y 11 de diciembre de 2009, acto en el que quedo constituida la Red Académica internacional contra la Pena Capital, y que fue inaugurado con una lección del Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

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En la actualidad, la tasa de ejecuciones en Irak es una de las más elevadas del mundo. Se cree que al menos 1.000 personas están condenadas a muerte. De ellas, 150 han agotado todos los recursos legales disponibles y, en consecuencia, corren un grave riesgo de morir ahorcadas.

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El pasado año se condenó en China aproximadamente a 17 personas a muerte al día, todos los días del año. Las estadísticas nacionales sobre la pena capital están clasificadas como secretos de Estado y nunca se han publicado. Pese a ello, las autoridades chinas siguen sosteniendo que la pena de muerte casi no se utiliza en China; que, según la ley, sólo se aplica a «delincuentes que han cometido los delitos más atroces», y que se aplica la suspensión de la pena siempre que «no hace falta ejecutar de inmediato».

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Este informe trata sobre la aplicación judicial de la pena de muerte durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020.

Como en años anteriores, se ha recabado información de diversas fuentes, entre ellas, las cifras oficiales disponibles, las sentencias dictadas, información de personas condenadas a muerte y sus familias y representantes, informaciones de los medios de comunicación y, en relación con algunos países, informes de otras organizaciones de la sociedad civil.

Amnistía Internacional informa exclusivamente sobre ejecuciones, condenas a muerte y otros aspectos del uso de la pena capital, como conmutaciones y exoneraciones, cuando hay una confirmación razonable.

En muchos países, los gobiernos no publican información sobre el uso que hacen de la pena de muerte. En China y Vietnam, la información sobre el uso de la pena capital está clasificada como secreto de Estado. En 2020, la información disponible sobre algunos países —concretamente Laos y Corea del Norte (República Popular Democrática de Corea)— fue escasa o nula debido a prácticas restrictivas del Estado.

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El informe muestra una alentadora tendencia hacia la abolición y la limitación del uso de la pena capital en la mayoría de los países. Muestra también que queda mucho por hacer en relación con la aplicación de las salvaguardias para proteger los derechos de las personas condenadas a la pena de muerte en los países que todavía la aplican.

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En el presente informe, que contiene información sobre el período que va de junio de 2008 a julio de 2009, se señala a la atención una serie de fenómenos, como la constante tendencia hacia la abolición, el inicio de debates nacionales sobre la pena de muerte, y las continuas dificultades para obtener información fiable sobre las ejecuciones.

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En el presente informe se analiza el grado de observancia de los derechos de los condenados a muerte previstos en los tratados internacionales de derechos humanos y en las directrices establecidas por el Consejo Económico y Social en 1984. Sobre la base de las contribuciones de los Estados Miembros, el informe examina los distintos motivos para establecer una moratoria de la pena de muerte, abolir dicha pena o mantenerla. También contiene datos estadísticos actualizados sobre el uso en todo el mundo de la pena de muerte, incluidas las moratorias establecidas en los Estados que no han abolido ese tipo de pena, así como las novedades pertinentes en la materia que se han producido desde el sexagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General. El informe concluye confirmando la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, el importante papel que desempeñan las moratorias en los Estados que pretenden abolirla y las posibilidades de continuar la labor sobre esta cuestión.

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El presente informe, con información sobre el período que va desde enero de 2006 a mayo de 2008, indica que continúa la tendencia a la abolición de la pena capital. Esto lo demuestra, entre otras cosas, el aumento del número de países que son totalmente abolicionistas y el aumento de las ratificaciones de los instrumentos internacionales que prevén la abolición de esta forma de castigo.

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El presente informe contiene información que abarca los acontecimientos ocurridos durante 2006. El informe indica que prosigue la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte, lo que se ilustra, entre otras cosas, con el aumento del número de países que han abolido la pena de muerte y del número de ratificaciones de instrumentos internacionales que prevén la abolición de esta forma de sanción.

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El presente informe contiene información que abarca el período comprendido entre enero de 2004 y diciembre de 2005. El informe indica que prosigue la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte, lo que se ilustra, entre otras cosas, con el aumento del número países totalmente abolicionistas y también del número de ratificaciones de instrumentos internacionales que prevén la abolición de esta sanción.

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El presente informe contiene información que abarca el período contenido entre enero de 2003 y diciembre de 2003. El informe indica que prosigue la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte, lo que se ilustra, entre otras cosas, con el aumento del número de ratificaciones de instrumentos internacionales que prevén la abolición de esta sanción.

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El presente informe, que se ha preparado de conformidad con las resoluciones del Consejo Económico y Social 1754 (LIV), de 16 de mayo de 1973, y 1995/57, de 28 de julio de 1995, y la decisión del Consejo 2005/247, de 22 de julio de 2005, es el octavo informe quinquenal del Secretario General sobre la pena capital. El informe confirma una tendencia muy marcada hacia la abolición y limitación del uso de la pena capital en la mayoría de los países. La tasa según la cual los Estados que mantenían la pena capital al comienzo del quinquenio han abolido su uso tanto en la ley como en la práctica es comparable a la de los anteriores períodos de presentación de informes, e incluso tal vez se haya acelerado ligeramente. Además, los países que mantienen la pena de muerte, con escasas excepciones, han reducido significativamente su uso desde el punto de vista del número de personas ejecutadas y de los delitos por los que se puede imponer. No obstante, donde la pena capital se mantiene en vigor existen graves problemas respecto de las normas y disposiciones internacionales, sobre todo en la limitación de la pena capital a los delitos más graves, la exclusión de los menores delincuentes de su ámbito de aplicación y las garantías de un juicio imparcial.

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El presente informe, que se ha preparado de conformidad con las resoluciones del Consejo Económico y Social 1754 (LIV), de 16 de mayo de 1973, y 1995/57, de 28 de julio de 1995, es el séptimo informe quinquenal del Secretario General sobre la pena capital. Abarca el período 1999-2003 y examina la evolución en el uso de la pena capital en todo el mundo, tanto en la ley como en la práctica. El informe muestra una alentadora tendencia hacia la abolición y la limitación del uso de la pena capital en la mayoría de los países. Muestra también que queda mucho por hacer en relación con la aplicación de las salvaguardias para proteger los derechos de las personas condenadas a la pena de muerte en los países que todavía la aplican.

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E l presente sexto informe quinquenal contiene un examen de las tendencias de la aplicación de la pena de muerte, incluida la aplicación de las salvaguardias, durante el período 1994 -2000. Se trata de una versión revisada y actualizada del informe del Secretario General sobre el tema (E /2 0 0 0 /3 ) que se presentó al Consejo en su período d e sesiones sustantivo de 2000, a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su noveno período de sesiones y a la Comisión de Derechos Humanos en su 56º período de sesiones. Sesenta y tres países participaron en la encuesta conexa . Una vez más , la tasa de respuesta de los países retencionistas, en particular los que aplicaban más a menudo la pena capital, fue relativamente baja. Una conclusión importante que se puede sacar es que desde 1994 no se ha modificado el porcentaje de países que adoptan la abolición de la pena de muerte.

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El presente informe detalla las actividades realizadas por el Relator Especial en 2009 y en los primeros cuatro meses de 2010. Es el informe final presentado al Consejo de Derechos Humanos por Philip Alston en su calidad de Relator Especial. En él se analizan las actividades y los métodos de trabajo del mandato durante los últimos seis años y se señalan cuestiones importantes que convendría estudiar en el futuro. Las adiciones detalladas de este informe tratan de las siguientes cuestiones: a) la rendición de cuentas por los homicidios cometidos por la policía; b) los asesinatos relacionados con los procesos electorales; y c) las ejecuciones selectivas.

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Además de informar sobre las principales iniciativas tomadas en 2006 para abordar el flagelo de las ejecuciones extrajudiciales en el mundo, el informe se centra en cuatro cuestiones de particular importancia: a) el mandato del Relator Especial en los conflictos armados; b) los «homicidios por piedad» en los conflictos armados; c) los «más graves delitos» por los cuales puede imponerse la pena de muerte; y d) la condición jurídica internacional de la pena de muerte obligatoria.

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Este informe se presenta de conformidad con la resolución 2005/34 de la Comisión y debe leerse junto con sus diferentes adiciones. En ellas figura la siguiente información: un análisis detallado de las comunicaciones enviadas a los gobiernos en las que se describen los presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales; informes sobre las misiones realizadas a Nigeria y Sri Lanka durante 2005; un informe sobre el principio de transparencia en relación con la pena de muerte; y varios informes relativos al seguimiento de las misiones realizadas anteriormente al Sudán, el Brasil, Honduras y Jamaica.

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En el presente informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias se examina la esfera crítica del incumplimiento de las garantías jurídicas establecidas para proteger el derecho a la vida. El informe se basa en la premisa de que el derecho internacional «no prohíbe a los países que opten por el mantenimiento de la pena de muerte, pero éstos tienen la obligación inequívoca de divulgar los detalles de la aplicación de esa pena» (E/CN.4/2005/7, párr. 59). En él se analiza la base jurídica de esa obligación de transparencia, y se examinan estudios de casos que ilustran los principales problemas que existen en esta esfera.

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En la parte analítica del informe, se examina en profundidad un pequeño número decuestiones, prestando especial atención a la responsabilidad. Los cuatro temas principales que se abordan son: i) el genocidio y los crímenes de lesa humanidad; ii) las violaciones del derecho a la vida durante los conflictos armados y las contiendas civiles; iii) la pena capital; y iv) las violaciones del derecho a la vida por parte de agentes no estatales.

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El presente informe contiene información sobre la cuestión de la pena capital yabarca el período que va de junio de 2009 a julio de 2010. En él se señalan una serie defenómenos, como la continuación de la tendencia hacia la abolición y las dificultades quese siguen experimentando para obtener información fidedigna sobre las ejecuciones.

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En el informe también se examina el tema de la pena capital y se hace referencia a casos de pena de muerte en que la Relatora Especial intervino al tener noticia de que las condenas se habían dictado en violación de las restricciones internacionales y de la normativade derechos humanos.

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Este informe se presenta a la Asamblea General conforme a lo dispuesto en la resolución 63/168 de dicha Asamblea. El informe confirma la tendencia existente en todo el mundo hacia la abolición de la pena de muerte. También recomienda a los Estados Miembros que introduzcan una moratoria para dicha pena. Aquellos Estados que aún tengan la intención de aplicar la pena de muerte y no deseen establecer una moratoria solo deberían imponerla en el caso de los delitos más graves. Debería asegurarse que los derechos de los condenados a muerte se protegen conforme a las normas internacionales pertinentes. Asimismo, en este sentido, los Estados están obligados a no aplicar la pena de muerte en secreto y a no incurrir en discriminación al aplicarla.

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El informe examina también el tema de la pena capital y hace referencia a los casosde pena de muerte en que la Relatora Especial ha intervenido al tener noticia de que las sentencias se han pronunciado en violación de las restricciones internacionales y de la normativa de derechos humanos.

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En la resolución 1999/35, la Comisión de Derechos Humanos pidió a la Relatora Especial que siguiera examinando situaciones de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, respondiera efectivamente a la información que se le presentase e intensificara su diálogo con los gobiernos, y procediera al seguimiento de las recomendaciones hechas en los informes sobre las visitas a determinados países. La Comisión también pidió que la Relatora Especial continuara vigilando el cumplimiento de las normas internacionales existentes sobre salvaguardias y limitaciones para la aplicación de la pena capital teniendo en cuenta los comentarios hechos por el Comité de Derechos Humanos en su interpretación del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de su segundo Protocolo Facultativo.

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En el informe también se examina el tema de la pena capital y se hace referencia a casos de pena de muerte en los que la Relatora Especial intervino al tener noticia de que las condenas correspondientes se habían anunciado en violación de las limitaciones internacionales y de las normas de derechos humanos

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Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución 1998/68 de laComisión de Derechos Humanos, de 21 de abril de 1998, titulada “Ejecucionesextrajudiciales, sumarias o arbitrarias”. Es el primer informe quela Sra. Asma Jahangir somete a la consideración de la Comisión y el decimosextode los presentados a ésta desde que el Consejo Económico y Social estableció elmandato sobre “ejecuciones sumarias y arbitrarias” en virtud de su resolución1982/35, de 7 de mayo de 1982.

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Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución 1997/61 de laComisión de Derechos Humanos, de 16 de abril de 1997, titulada «Ejecucionesextrajudiciales, sumarias o arbitrarias». Es el sexto informe presentado ala Comisión de Derechos Humanos por el Sr. Bacre Waly Ndiaye y el 15º informepresentado a la Comisión desde la atribución del mandato sobre «ejecucionessumarias o arbitrarias» por el Consejo Económico y Social en suresolución 1982/35 de 7 de mayo de 1982.

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En el capítulo III, el Relator Especial se centra en la compatibilidad de la pena de muerte con la prohibición de las penas crueles, inhumanas o degradantes. Saca la conclusión de que la interpretación histórica del derecho a la integridad de la persona y la dignidad humana en relación con la pena de muerte está cada vez más reñida con la interpretación dinámica de ese derecho en relación con el castigo corporal y las incoherencias resultantes de la distinción entre castigo corporal y pena capital, así como con la tendencia universal a abolir la pena capital.

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El Relator Especial también está muy preocupado por todas las circunstancias que rodean en Mongolia a la pena de muerte, especialmente su absoluto secreto. A pesar de las peticiones reiteradas que el Relator Especial dirigió a las máximas autoridades del Gobierno, a los fiscales y al poder judicial, no se le proporcionó información oficial alguna. El Relator expresó preocupación por el hecho de que no se notificara ni siquiera a las familias de los condenados la fecha o el lugar precisos de la ejecución ni se les entregaran los restos mortales para enterrarlos, lo que supone un trato inhumano a la familia contrario al artículo 7 del Pacto. Además los presos condenados a muerte de las prisiones de Gants Hudag y Zuunmod permanecen recluidos en aislamiento completo, esposados y encadenados, y no reciben alimentos adecuados. Estas condiciones constituyen castigos añadidos que sólo cabe calificar de torturas según la definición recogida en el artículo 1 de la Convención.

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Resumen = Español, Annex = InglésEl Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos odegradantes realizó una visita a China del 20 de noviembre al 2 de diciembre de 2005 por invitación del Gobierno chino. Expresa su agradecimiento al Gobierno por la plena cooperación prestada durante la visita. El informe contiene un estudio de los aspectos jurídicos y fácticos de la situación en lo que respecta a la tortura o los malos tratos en China.

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En los Estados en los que se sigue utilizando la pena de muerte, el derecho internacional impone requisitos estrictos que deben cumplirse para que esta no se considere ilícita. En el presente informe el Relator Especial examina el problema del error y el uso de tribunales militares en el contexto de los requisitos de un juicio imparcial. También examina la limitación de la imposición de la pena de muerte solo a los delitos más graves, que son los casos de homicidio intencional. Por último, examina cuestiones relativas a la colaboración y la complicidad, así como la transparencia en el uso de la pena de muerte.

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En el presente informe, presentado de conformidad con la resolución 66/150 de la Asamblea General, el Relator Especial aborda cuestiones que suscitan especial preocupación y algunos nuevos acontecimientos recientes atinentes a su mandato

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En el presente informe, el Sr. Heiner Bielefeldt, Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias, ofrece un panorama general de las actividades que ha llevado a cabo después de la presentación del informe anterior a la Asamblea General (A/66/156), incluidas las visitas a países, las comunicaciones y otras actividades.

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Muchas de las mas de 240 condenas que las muestras de ADN (DNA en sus siglas en inglés) han probado erróneas guardaban relación con alguna variable de fals confesión. Es virtualmente imposible determinar los motivos que llevarían a una persona a confesar un crimen que no ha cometido.

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