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El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera «distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios».

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Artículo 61. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.2. En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.

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Unos 87 presos permanecen en la actualidad condenados a muerte en Japón. La última ejecución tuvo lugar el 16 de septiembre de 2005, cuando Kitagawa Susumu fue ahorcado por orden del ministro de Justicia por dos asesinatos cometidos en la década de 1980. Desde el año 2000 se ha ejecutado a 11 presos.

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Este informe se presenta en virtud de la resolución 16/9 del Consejo de Derechos Humanos, en la que se establece el mandato del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán.

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Estos manuales plantean más de treinta y cinco diferentes asuntos relacionados con la reforma penal. Se utilizó información amplia de obras anteriores realizadas por terceros, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos1, UNICEF, el ICRC y Amnistía Internacional.

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¿TIENE EFECTOS DISUASORIOS LA PENA DE MUERTE?; PRESTIDIGITACIÓN POLÍTICA; EJECUCIONES SECRETAS; VIDA POR VIDA: UNA PROPUESTA INACEPTABLE; ¿EXISTE UN MÉTODO HUMANO DE EJECUCIÓN?; HACIA LA ABOLICIÓN; EL ESTADO ES EL QUE MATA

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Alrededor del mundo, comúnmente se asume que los familiares de las víctimas de la violencia están a favor de la pena capital. Se presume que las ejecuciones satisfacen las necesidades de justicia en las víctimas del crimen. Ser un oponente a la pena de muerte es visto como estar en contra de la víctima. A través de sus declaraciones, testimonio y material educativo, los miembros de MVFHR demuestran a quienes tienen el cargo de hacer las leyes políticas y al público en general, que sí es posible estar en pro de la víctima e ir en contra de la pena de muerte a la vez.

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¿qué hacemos si las cosas van mal?, ¿cuando nuestro ordenador se estropea y aniquila años de trabajo duro?, ¿cuando nuestros correos electrónicos no llegan a los destinatarios o cuando no podemos acceder a un sitio web? ¿Cómo reaccionar ante la noticia de un virus que daña ordenadores en todo el mundo, o ante un correo electrónico recibido supuestamente de un amigo que nos pide que abramos el archivo adjunto? Las decisiones tomadas sin información conducen a malas elecciones, y la confianza ciega en la tecnología suele dar lugar a costosos errores.Este libro no está dirigido a un mago de los ordenadores. Sus objetivos son informar a los usuarios de ordenadores comunes y ofrecerles soluciones a los problemas de privacidad y seguridad que pueden surgir en un entorno digital moderno.

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Este libro es el primer fruto en lengua española del compromiso de poner a disposición de la Comunidad internacional los materiales académicos de mayor relevancia dirigidos a la abolición o moratoria de la pena de muerte. En concreto, esta edición contiene artículos de diversos orígenes sobre aspectos transcendentales con el argumentario sobre la idea de dignidad de la persona humana y de los derechos fundamentales frente a la pena de muerte. Asimismo se ofrece una aproximación crítica a la pena de muerte desde distintas concepciones jurídicas, culturales y religiosas. A este primer esfuerzo editorial le seguirán otros, también en otras lenguas, que incluirá trabajos presentados durante la celebración del Coloquio internacional por la abolición universal de la pena capital, organizado en Madrid, por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha, que se celebró los días 10 y 11 de diciembre de 2009, acto en el que quedo constituida la Red Académica internacional contra la Pena Capital, y que fue inaugurado con una lección del Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

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Esta carpeta de materiales contiene ideas acerca de cómo tú, ciberactivista, puedes llevar a cabo acciones con eficacia. Incluye toda la información que necesitas para participar en las campañas de Amnistía Internacional, implicarte y animar a otras personas a que hagan lo mismo.

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Artículo 1 Los Estados Partes en el presente Protocolo no aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción.

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La sección de las Organizaciones no gubernamentales (ONG) del Departamento de Información Pública (DIP), sirve de enlace entre las Naciones Unidas y las Organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil. A través de las Organizaciones no gubernamentales asociadas, el Departamento de Información Pública está trabajando para difundir los mensajes de las Naciones Unidas en el mundo, para ayudar al público a comprender mejor las actividades y los objetivos de las Naciones Unidas.

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Trabajando con el Programa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: un Manual para la sociedad civil está orientado a los actores de la misma que, día a día y por doquier, contribuyen a promocionar, proteger y propugnar los derechos humanos. Se elaboró sobre la base de una encuesta entre los usuarios de la primera edición del Manual – Trabajando con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Manual para las ONG (2006) – esta segunda edición, exhaustiva, actualizada y revisada, se centra en los órganos y mecanismos de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas. El Manual, orientado a todos los actores de la sociedad civil, entre los que se incluyen, pero sin limitarse a los mismos, las organizaciones no gubernamentales (ONG), explica cómo la sociedad civil puede relacionarse con los distintos órganos y mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) confía en que este Manual sirva para que un mayor número de personas, disfrute y reivindique sus derechos humanos, por conducto de estos órganos y mecanismos.

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El siguiente formulario, preparado por la Secretaría Ejecutiva de la CIDH tiene por objeto facilitar a las víctimas de dichas violaciones, sus familiares, organizaciones de la sociedad civil u otras personas la presentación de peticiones relativas a presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por Estados miembros de la OEA.

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Europa afronta nuevos retos y amenazas. Debido a su enfoque multifacético de la seguridad, la OSCE brinda a la región tanto un foro para la negociación y el diálogo político, como una plataforma para asociaciones multilaterales que realizan trabajo de campo.

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El Manual, orientado a todos los actores de la sociedad civil, entre los que se incluyen, pero sin limitarse a los mismos, las organizaciones no gubernamentales (ONG), explica cómo la sociedad civil puede relacionarse con los distintos órganos y mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

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Resolución aprobada por el Consejo Económico y Social [por recomendación de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (E/2012/30 y Corrs.1 y 2)]

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El presente documento tiene por objeto sistematizar los estándares internacionalesestablecidos en la aplicación de la pena de muerte en aquellos países que aún la conservan, con énfasis en Guatemala. (Por favor contacta a la CIJ)

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Artículo 4. Derecho a la Vida 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

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El informe busca difundir los estándares desarrollados con relación a la aplicación restrictiva de la pena de muerte, según ha sido examinada por los órganos del Sistema Interamericano en los últimos quince años

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Artículo 37Los Estados Partes velarán por que:a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad.

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Las noticias sobre el uso de la pena de muerte en 2011 confirman la tendencia universal hacia la abolición. En comparación con el año anterior, se redujo el número de países de los que se tuvo noticia que habían ejecutado condenas a muerte y, en términos generales, en todas las regiones del mundo se registraron avances en este erreno. Aunque Estados Unidos continuó como único país del G8 que lleva a cabo ejecuciones, Illinois se convirtió en el decimosexto estado abolicionista de la unión y, en noviembre, el gobernador de Oregón anunció una moratoria de las ejecuciones

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Estado de Firmas y Ratificaciones del protocolo a la convention americana sobre derechos humanos relativo a la abolicion de la pena de muerte

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Este informe se presenta a la Asamblea General conforme a lo dispuesto en su resolución 65/206. En él se examina la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte y el establecimiento de una moratoria de las ejecuciones, así como la aplicación de las normas internacionales relativas a la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte. Se analiza asimismo la importancia de publicar información pertinente sobre el uso de la pena de muerte, que puede contribuir a debates nacionales transparentes, y las iniciativas nternacionales y regionales para promover la abolición universal de la pena de muerte.

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Aprobadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 1984/50, de 25 de mayo de 19841. En los países que no la hayan abolido, la pena de muerte sólo podrá imponerse como sanción para los delitos más graves, entendiéndose que su alcance se limitará a los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales u otras consecuencias extremadamente graves.

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Los Estados Partes en el presente Protocolo,Considerando que la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos,Recordando el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948, y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre de l966,Observando que el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refiere a la abolición de la pena de muerte en términos que indican claramente que dicha abolición es deseable,Convencidos de que todas las medidas de abolición de la pena de muerte deberían ser consideradas un adelanto en el goce del derecho a la vida,Deseosos de contraer por el presente Protocolo un compromiso internacional para abolir la pena de muerte,Han convenido en lo siguiente:Artículo 11. No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte en el presente Protocolo.2. Cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy su Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jamaica.

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Forma parte del Proyecto Educación para la Dignidad Humana de Amnistía Internacional, y está concebida para ser utilizada con los módulos fundamentales del proyecto que tratan cuestiones relativas a la pobreza y los derechos humanos. Sin embargo, este manual de facilitación se ha elaborado con la flexibilidad necesaria para que pueda ser usado por sí solo como recurso de carácter general en diversos entornos.

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Las investigaciones de Amnistía Internacional sobre el empleo de la pena de muerte en 2018 confirmaron que su imposición y aplicación se circunscribe a una minoría de países. El número de ejecuciones conocidas se redujo en más de un 30% con respecto a 2017, alcanzando así la cifra más baja registrada por la organización desde hace 10 años. Este hecho r efleja un descenso considerable en algunos de los países donde más ejecuciones se consuman, como Irak, Irán, Pakistán y Somalia.

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Este documento intenta informar de las novedades que se produjeron en 1999 y proporcionar datos, actualizados al concluir el año, sobre la situación de la pena de muerte en todo el mundo, sobre diferentes aspectos de su aplicación y sobre los intentos de abolirla o de reducir su imposición.

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Las autoridades vietnamitas no hacen públicos de forma periódica los datos estadísticos completos del número de penas de muerte dictadas y de ejecuciones llevadas a cabo, y la prensa oficial únicamente informa de un número limitado de casos. Sin embargo, Amnistía Internacional ha recibido información fiable según la cual la mayoría de las personas condenadas a muerte son ejecutadas una vez que sus causas han agotado los procedimientos de apelación. Las ejecuciones se llevan a cabo mediante pelotón de fusilamiento, al parecer frecuentemente en público, y en ocasiones en presencia de más de un millar de personas. Amnistía Internacional cree que la pena de muerte constituye la peor forma de pena cruel, inhumana y degradante y una vulneración del derecho a la vida y que las condiciones que rodean la aplicación de dichas penas en Vietnam contravienen las normas internacionales de derechos humanos. El hecho de que los juicios carentes de las debidas garantías sean habituales en Vietnam supone que la pena de muerte se aplica en condiciones que pueden dar lugar a errores judiciales irreversibles.

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Este documento contiene las novedades con respecto a la pena de muerte acontecidas en el año 2004. Cinco países abolieron la pena capital para todos los delitos, lo que a final de año elevó a 84 el número de países totalmente abolicionistas.

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Respecto de la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) Y respecto de las medidas legislativas relativas a la imposición obligatoria de la pena de muerte y temas afines. El 8 de diciembre de 2004, Amnistía Internacional 1 presentó recomendaciones escritas, como parte interesada en el tema de esta solicitud de una opinión consultiva.

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Este documento contiene las novedades con respecto a la pena de muerte acontecidas en el año 2003, a lo largo del cual el número de países totalmente abolicionistas se mantuvo en 77. Cuestiones tratadas en el presente documento son: decisiones judiciales importantes, el uso de la pena de muerte contra personas inocentes, reducciones y ampliaciones del ámbito de aplicación de la pena de muerte, y suspensión de ejecuciones y conmutaciones de la pena capital.

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Las ejecuciones de menores vulneran el derecho internacional. El consenso internacional de oposición a la ejecución de delincuentes juveniles refleja el reconocimiento universal de la capacidad de desarrollo y de cambio que tienen los jóvenes. La vida de un niño no debe desecharse nunca, con independencia de lo que haya hecho. El principio rector debe ser desarrollar al máximo la capacidad del menor para lograr, finalmente, el éxito en su reinserción en la sociedad. La ejecución es la máxima negación de este principio.

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Durante el año 2006, el mundo siguió avanzando hacia la abolición universal de la pena de muerte. Al final del año, 88 países habían abolido la pena capital para todos los delitos. La pena de muerte ha sido abolida en la ley o en la práctica por 128 países. En este documento se tratan además temas como decisiones judiciales significativas, la aplicación de la pena de muerte a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, la reanudación de las ejecuciones y las actividades de campaña para promover la abolición

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Amnistía Internacional acoge con satisfacción el compromiso del gobierno con la abolición de la pena de muerte. Sin embargo, la organización insta a las autoridades a reforzar este paso conmutando con prontitud todas las penas de muerte pendientes y suspendiendo la imposición de nuevas penas hasta la abolición total de la pena capital en el año 2008. A menos que se introduzcan cambios fundamentales de inmediato, decenas de personas podrían ser condenadas a muerte y ejecutadas antes de enero del 2008. Amnistía Internacional ha documentado en anteriores informes las deficiencias del sistema de justicia penal de Uzbekistán y cómo éstas constituyen terreno abonado para la comisión de errores judiciales y para ejecuciones debidas a esos errores judiciales y a juicios manifiestamente injustos. Tras su visita al país en noviembre y diciembre del 2002, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura estimó que “[…] el uso de torturas o formas análogas de malos tratos es sistemático” en Uzbekistán. La falta de independencia de la judicatura, la corrupción que domina cada aspecto del sistema –desde la instrucción hasta el procedimiento de indulto–, las discrepancias palmarias entre la legislación interna, su aplicación y las obligaciones que ha contraído Uzbekistán en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, todo favorece la comisión de errores judiciales.

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Desde la reintroducción de la pena de muerte en agosto de 2004 más de 270 personas han sido condenadas a muerte en Irak. Irak ahora figura entre los países con mayor número de ejecuciones documentadas en 2006. Amnistía Internacional le preocupa que muchos de los condenados a muerte por el Tribunal Penal Central de Irak no recibieron un juicio justo. Amnistía Internacional pide al gobierno iraquí a establecer de inmediato una moratoria sobre las ejecuciones con vistas a la abolición total de la pena de muerte.

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La reciente ampliación en algunas partes de Nigeria de la pena de muerte a las áreas que muchos consideran como aspectos de la vida privada se ha centrado el debate tanto en la adecuación de la pena de muerte en general y sobre la utilización del sistema de justicia penal como forma de regular sexual comportamiento. Amnistía Internacional cree que la pena de muerte en su aplicación en Nigeria, en particular, viola los derechos humanos women’Â de acceso a la justicia, conforme a la ley internacional de derechos humanos y las normas, y tiene un efecto discriminatorio sobre las mujeres en ciertos casos y por ciertos delitos. Esto se hace especialmente grave en los casos de pena capital que está afectando gravemente a las mujeres de estratos socioeconómicos desfavorecidos y zonas remotas.

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Diecisiete trabajadores migrantes indios han sido condenados a muerte en un juicio injusto en los Emiratos Árabes Unidos por el asesinato de un ciudadano paquistaní. Al parecer, algunos fueron torturados para hacerlos «confesar». Están expuestos a sufrir más tortura.

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Hay países que siguen ejecutando a personas que eran menores de 18 años en el momento del delito a pesar de que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la aplicación de la pena de muerte en tales casos. El número de esas ejecuciones es reducido en comparación con el total de ejecuciones anuales registradas por Amnistía Internacional, Sin embargo, su importancia va más allá de las cifras y pone en cuestión el compromiso de respetar el derecho internacional por parte de los Estados ejecutores.

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En 2010 se tuvo constancia de que se llevaron a cabo ejecuciones judiciales en no menos de 23 países. Son cuatro países más que en 2009, año en que Amnistía Internacional registró el menor número de países que habían ejecutado a personas desde que la organización comenzó a hacer seguimiento de las cifras sobre pena de muerte.

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La legislación malasia mantiene la pena de muerte por más de 30 delitos. Se impone de manera habitual por actos, como el tráfico de drogas, que no cumplen el criterio de “los más graves delitos”, a los que debe limitarse su uso con arreglo a las leyes y normas internacionales. En septiembre de 2019 había más de 1.290 personas condenadas a muerte. La investigación de Amnistía Internacional ha puesto de relieve que la pena de muerte en Malasia se impone sobre todo a personas declaradas culpables de tráfico de drogas y, entre ellas de manera desproporcionada a mujeres y personas extranjeras.

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Desde 2011, el Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí se ha venido utilizando como instrumento de represión para silenciar la disidencia. Esto ha tenido efectos paralizantes. Entre las personas a las que el Tribunal ha impuesto duras penas hay periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas de la esfera política, profesionales de la literatura, clérigos y activistas de los derechos de las mujeres. Aplicando de forma generalizada la draconiana legislación antiterrorista y la Ley de Delitos Informáticos del país, los jueces del Tribunal Penal Especializado han presidido juicios manifiestamente injustos.

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Durante el año 2005 el mundo siguió avanzando hacia la abolición universal de la pena de muerte. A final de año, 86 países habían abolido la pena capital para todos los delitos (véase la Tabla 1). Otros 11 países la abolieron para todos los delitos salvo algunas excepciones, como los cometidos en tiempo de guerra.

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En 2008, el mundo avanzó aún más hacia la abolición de la pena de muerte. En diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por amplia mayoría una segunda resolución en la que se pedía una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte. Esta resolución consolida tres decenios de progreso constante hacia la abolición total de la pena capital.

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Durante el año 2007 el mundo siguió avanzando hacia la abolición universal de la pena de muerte. Un hito histórico en el camino hacia la abolición de la pena capital en todo el mundo lo constituye la suspensión de las ejecuciones que la 62ª Asamblea General de la ONU aprobó el 18 de diciembre de 2007

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Este documento contiene las novedades respecto a la pena de muerte acontecidas en el año 2002, a lo largo del cual el número de países totalmente abolicionistas aumentó hasta 76. Cuestiones tratadas en el presente documento son: decisiones judiciales importantes; estudios importantes; el uso de la pena de muerte contra personas inocentes; reducciones en el ámbito de la pena de muerte; suspensión y conmutaciones, y medidas para limitar las apelaciones en las causas por delitos punibles con la muerte.

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En octubre de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que «ha surgido una norma del derecho internacional consuetudinario que prohíbe la ejecución de delincuentes menores de 18 años en momentos de cometer el delito» y que «ésta ha sido reconocida como una norma de carácter suficientemente inalienable como para constituir una norma de jus cogens». En este documento se analizan los hechos que apoyan la conclusión de que la aplicación de la pena de muerte a menores (personas que han sido condenadas por delitos que cometieron siendo menores de 18 años) está prohibida por el derecho consuetudinario internacional y como norma imperativa del derecho internacional general (jus cogens).

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La imposición de la pena de muerte a personas que eran menores de 18 años cuando cometieron el delito está prohibida en virtud de las normas internacionales de derechos humanos, si bien algunos países siguen permitiendo o llevando a cabo ejecuciones de menores delincuentes. Estas ejecuciones son pocas en comparación con la totalidad de las que tienen lugar en el mundo. No obstante, su importancia va más allá de su número y pone en entredicho el compromiso de los Estados que las llevan a cabo con el respeto a las normas internacionales.

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Este informe se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones 26/2 y 36/17 del Consejo de Derechos Humanos. Contiene un resumen de la mesa redonda de alto nivel sobre la cuestión de la pena de muerte que se celebró el 26 de febrero de 2019 durante el 40º período de sesiones del Consejo. El debate de la mesa redonda se ocupó de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con el uso de la pena de muerte, en particular en lo que respecta a los derechos a la no discriminación y a la igualdad.

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