La pena de muerte en 2018: Drástico descenso de las ejecuciones a escala mundial

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Publicado por Amnistía Internacional, el 10 abril 2019

Con motivo de la publicación hoy de su informe global sobre la pena de muerte en 2018, Amnistía Internacional ha explicado que, el año pasado, las ejecuciones disminuyeron en casi un tercio en todo el mundo, alcanzando así la cifra más baja desde hacía, al menos, 10 años. Las estadísticas recogen las ejecuciones de las que se ha tenido noticia en todo el mundo, con la excepción de China, cuyas cifras —presumiblemente, varios miles— siguen clasificadas como secreto de Estado.

Tras la reforma de su legislación antidrogas, las ejecuciones en Irán —país que recurre con profusión a la pena de muerte— registraron un asombroso descenso de un 50%. Por su parte, Irak, Pakistán y Somalia mostraron también una notable reducción de las ejecuciones. En consecuencia, la cifra mundial pasó de 993 ejecuciones (como mínimo) en 2017 a 690 (como mínimo) en 2018.

“El drástico descenso de las ejecuciones demuestra que, incluso los países más insospechados, están empezando a cambiar sus prácticas y a darse cuenta de que la pena de muerte no es la solución”, ha declarado el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo.

“Pese al retroceso experimentado en algunos lugares, el número de ejecuciones consumadas por varios de los peores verdugos del mundo ha descendido de manera considerable. Se trata de una señal esperanzadora que indica que es sólo cuestión de tiempo que este castigo cruel quede relegado al rincón de la historia, donde debe estar.”

Restauración de la pena de muerte

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. Amnistía Internacional detectó un aumento de las ejecuciones en Bielorrusia, Estados Unidos, Japón, Singapur y Sudán del Sur. Tailandia llevó a cabo su primera ejecución desde 2009 y, en Sri Lanka, el presidente Maithripala Sirisena manifestó su intención de reanudar las ejecuciones tras una pausa de más de 40 años, llegando incluso a publicar, en febrero de 2019, un anuncio para buscar verdugos.

“Las buenas noticias de 2018 se han visto empañadas por el hecho de que un reducido número de Estados haya decidido, para su vergüenza, ir en contra de la tendencia general”, afirmó Kumi Naidoo.

“En Japón, Singapur y Sudán del Sur se registraron los niveles más altos de ejecuciones desde hacía años, y Tailandia reanudó las ejecuciones después de casi 10 años; sin embargo, esos países constituyen una minoría menguante. Reto a todos los países que aún recurren a la pena de muerte a actuar con valentía y poner fin de inmediato a ese aberrante castigo.”

La joven sudanesa Noura Hussein fue condenada a muerte en mayo de 2018 por haber matado al hombre con el que fue obligada a casarse, y que intentó violarla. Tras la oleada de indignación internacional y las importantes actividades de campaña de Amnistía Internacional, su condena a muerte fue anulada y reemplazada por una pena de cinco años de prisión y una indemnización económica —tradicionalmente conocida como diya o “dinero de sangre”— de 337.500 libras sudanesas (unos 8.400 dólares estadounidenses).

Noura declaró a Amnistía Internacional:

“Cuando el juez me dijo que me habían condenado a muerte, me sentí completamente conmocionada. No había hecho nada para merecer morir. No podía creer semejante grado de injusticia, sobre todo para las mujeres. Hasta ese momento, nunca se me había ocurrido que me pudieran ejecutar. Lo primero que pensé fue: ‘¿cómo se siente una persona a la que van a ejecutar? ¿Qué hace?’. Mi caso era especialmente duro, porque cuando me condenaron, mi familia me había repudiado. Me enfrentaba sola a mi propia angustia.”

Los principales ejecutores del mundo

China siguió siendo el principal ejecutor del mundo, aunque se ignoraba la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, al estar sus cifras clasificadas como secreto de Estado. Amnistía Internacional cree que, cada año, miles de personas son condenadas a muerte y ejecutadas.

En un gesto sin precedentes, las autoridades de Vietnam hicieron públicas las cifras sobre pena de muerte, admitiendo un mínimo de 85 ejecuciones en 2018. Este saldo confirma el lugar de ese país entre los cinco principales ejecutores del mundo: China (miles), Irán (al menos 253), Arabia Saudí (149), Vietnam (al menos 85) e Irak (al menos 52).

Hồ Duy Hải, declarado culpable de robo y asesinato pese a haber reconocido que había firmado su “confesión” bajo tortura, fue condenado a muerte en 2008. Continúa en peligro de ejecución en Vietnam. La angustia por su posible ejecución ha tenido efectos devastadores para su familia.

Su madre, Nguyễn Thị Loan, explicó a Amnistía Internacional:

“Han pasado 11 años desde que lo detuvieron, y nuestra familia está destrozada. No soporto más este dolor. El solo hecho de pensar en el sufrimiento de mi hijo encarcelado me resulta insoportable. Agradecería que la comunidad internacional me ayude a reunir a mi familia. Ustedes son mi única esperanza.”

Pese al considerable descenso en el número de ejecuciones consumadas, Irán sigue acaparando más de un tercio de las ejecuciones del mundo.

Asimismo, Amnistía Internacional consideró preocupante el marcado aumento experimentado a lo largo del año en el número de condenas a muerte impuestas en algunos países.

En Irak, la cifra se multiplicó por cuatro, y pasó de 65 en 2017, a 271 (como mínimo) en 2018. Por su parte, en Egipto el número de condenas a muerte dictadas ascendió en más de un 75%: de 402 (como mínimo) en 2017, a 717 (como mínimo) en 2018. Este aumento se puede atribuir a la espeluznante tradición de Egipto de imponer condenas a muerte colectivas tras juicios manifiestamente injustos, basados a menudo en “confesiones” extraídas mediante tortura y en investigaciones policiales irregulares.

Tendencia global hacia la abolición

En general, las cifras de 2018 demuestran que la pena de muerte está claramente en retroceso y que en todo el mundo se están tomando medidas efectivas para poner fin a este cruel e inhumano castigo.

Por ejemplo, Burkina Faso abolió la pena de muerte para los delitos comunes en junio. El febrero y julio, respectivamente, Gambia y Malasia declararon sendas suspensiones oficiales de las ejecuciones, y en octubre, el estado de Washington, en Estados Unidos, declaró inconstitucional su estatuto de pena de muerte.

Durante el periodo de sesiones de diciembre de la Asamblea General de la ONU, 121 países —una cifra sin precedentes— votaron a favor de una moratoria mundial de las ejecuciones. Sólo 35 Estados votaron en contra.

“Lenta, pero firmemente, se va fraguando un consenso internacional respecto a poner fin a la pena de muerte. Amnistía Internacional lleva más de 40 años haciendo campaña por el fin de las ejecuciones en todos los países. Sin embargo, con más de 19.000 personas consumiéndose hoy en el corredor de la muerte, la lucha está lejos de acabar”, afirmó Kumi Naidoo.

“Desde Burkina Faso hasta Estados Unidos, se están tomando medidas concretas para abolir la pena capital. Es hora de que los demás países sigan su ejemplo. Queremos que todas las personas vivan en sociedades seguras, pero las ejecuciones nunca son la solución. Con el apoyo continuado de la población mundial, podemos —y lograremos— poner fin de una vez por todas a la pena de muerte.

Al terminar 2018, 106 países habían abolido por ley la pena de muerte para todos los delitos, y 142 la habían abolido en la ley o en la práctica.

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