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En el presente informe se exponen los desafíos en materia de derechos humanos a la
hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos fundamentales del problema mundial de
las drogas. También se ofrece una reseña de los avances positivos recientes en favor de la
adopción de políticas en materia de drogas más centradas en los derechos humanos y se
proporcionan recomendaciones sobre la manera de avanzar en vista del próximo examen de
mitad de período de la Declaración Ministerial de 2019 y para contribuir a la implementación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

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Con esta guía pedagógica, la Coalición mundial contra
la pena de muerte lanza una iniciativa para la colabo-
ración quiere enriquecerse con las contribuciones de
todos y cada uno.
Esta guía tiene por vocación ser alimentada con
nuevas fichas y nuevos temas.
Será regularmente actualizada en el sitio Internet de la
Coalición Mundial (www.worldcoalition.org).
En nombre de los miembros de la Coalición Mundial,
presentes en más de 30 países en todo el mundo, les
agradecemos su apoyo

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Según el seguimiento que hace Amnistía Internacional del uso de la pena de muerte en el mundo, en 2023 se tuvo noticia de 1.153 ejecuciones: un aumento del 31% respecto de las 883 de 2022. Sin embargo, hubo un descenso significativo en el número de países que llevaron a cabo ejecuciones, que pasó de 20 en 2022 a 16 en 2023.

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El 10 octubre, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte y las abolicionistas mundiales celebrarán el
10° aniversario de Día Mundial contra la Pena de Muerte. El Día Mundial de este año se concentra en los
logros y el progreso que se han realizado hacia la abolición. Alrededor del mundo, los países han terminado
o restringido la pena de muerte. Además, han expresado su apoyo a terminar esta práctica al ratificar el
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que aspira a la
abolición total de la pena de muerte; al igual votaron en apoyo de las resoluciones de la ONU para una
moratoria a la pena de muerte. La Coalición Mundial apoya estos pasos en la dirección correcta, a la vez
que quedamos vigilantes de los desafíos del futuro.

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Cada año, la Coalición Mundial contra la pena de muerte hace un llamado a los ciudadanos, las organizaciones
e instituciones comprometidas con la abolición universal de la pena de muerte para que organicen, el 10 de
octubre, centenares de iniciativas locales en todo el mundo. Debates, conciertos, comunicados de prensa y
otras manifestaciones dan una perspectiva amplia e internacional a la reivindicación de la abolición universal.

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Este informe examina la aplicación judicial de la pena de muerte durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022. Amnistía Internacional informa exclusivamente sobre ejecuciones, condenas a muerte y otros aspectos del uso de la pena capital, como conmutaciones y exoneraciones, cuando hay una confirmación razonable. En muchos países, los gobiernos no publican información sobre el uso que hacen de la pena de muerte.

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Amnistía Internacional le sigue preocupando que varios altos funcionarios chinos siguen utilizando «mano dura» las políticas para restringir las actividades legítimas de una serie de activistas pacíficos, entre ellos periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos. Este informe se refiere a cambios en estas áreas, ilustrado por las experiencias de varias personas que han sido detenidas o encarceladas en violación de sus derechos humanos fundamentales. El hecho de que las autoridades chinas para resolver las debilidades legales e institucionales que permitan el florecimiento de tales violaciónes sigue obstaculizando los esfuerzos para fortalecer el estado de derecho en China.

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Leaflet Spanish 2012

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PENA DE MUERTE
HECHOS Y DATOS

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En 2021 tuvo lugar un preocupante aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte, a raíz de que algunos de los verdugos más prolíficos del mundo volvieran a las andadas y los tribunales se liberaran de las restricciones relacionadas con la COVID-19. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en su informe anual sobre la pena de muerte.

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Este informe se presenta en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 26/2 y 42/24. Contiene un resumen de la mesa redonda de alto nivel sobre la cuestión de la pena de muerte que se celebró el 23 de febrero de 2021 durante el 46º período de sesiones del Consejo. La mesa redonda se ocupó de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con el uso de la pena de muerte, en particular de si el uso de dicha condena tiene un efecto disuasorio sobre la tasa de delincuencia.

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Poster Spanish 2004

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PENA DE MUERTE Y LOS CRIMENES POR DROGA
HECHOS Y DATOS
13° Día Mundial contra la pena de muerte

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Este artículo comienza proporcionando información básica sobre los hijose hijas de padres condenados a muerte, aspectos que perduran a lo largode toda la interacción de dicho progenitor(a) con el sistema de justicia penal.Seguidamente, estudia aquellos aspectos que son similares a aquellos a losque se enfrentan los hijos e hijas de otros reclusos, pero se centra en lasdiferencias que afectan a los hijos de padres condenados a muerte. Para unainformación más detallada sobre la situación de los hijos de reclusos en todoel mundo, incluyendo recomendaciones y ejemplos de buenas prácticas, léaseel artículo de QUNO del año 2012:Convictos colaterales. En tercer lugar, seconsideran las cuestiones radicalmente distintas, aquellas que experimentanúnicamente los hijos cuyos padres o madres han sido condenados a muerte. Alo largo de todo el artículo se incluye un número limitado de recomendaciones;no se pretende que sean absolutas, sino que tan solo abarcan aquellosámbitos donde ya existe evidencia de un progreso positivo.

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Cerca de 125 ciudadanos extranjeros se encuentran condenados a pena de muerte en 16 jurisdicciones. Casi la mitad de los ciudadanos extranjeros condenados a muerte son de México, que ha sido abolicionista en caso de delitos comunes desde 1937.

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Un acusado tenía más posibilidades de ser sentenciado a muerte si la víctima del asesinato era blanca. Esto confirma los resultados de varios estudios en los que al mantener los demás factores constantes, el único indicador más confiable de si una persona será sentenciada a muerte es la raza de la víctima.

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El derecho constitucional de los Estados Unidos está de acuerdo con algunas de estas salvaguardas, pero no lo suficiente. La ejecución de un demente, alguien que no comprende la razón de su castigo ni la realidad del mismo, viola la constitución de los Estados Unidos.

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La eliminación de la pena de muerte resultaría en un ahorro neto para el estado de por lo menos varias decenas de millones de dólares anuales, y un ahorro neto para los gobiernos locales de millones a decenas de millones de dólares a nivel estado.

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Este informe trata sobre la aplicación judicial de la pena de muerte durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020.

Como en años anteriores, se ha recabado información de diversas fuentes, entre ellas, las cifras oficiales disponibles, las sentencias dictadas, información de personas condenadas a muerte y sus familias y representantes, informaciones de los medios de comunicación y, en relación con algunos países, informes de otras organizaciones de la sociedad civil.

Amnistía Internacional informa exclusivamente sobre ejecuciones, condenas a muerte y otros aspectos del uso de la pena capital, como conmutaciones y exoneraciones, cuando hay una confirmación razonable.

En muchos países, los gobiernos no publican información sobre el uso que hacen de la pena de muerte. En China y Vietnam, la información sobre el uso de la pena capital está clasificada como secreto de Estado. En 2020, la información disponible sobre algunos países —concretamente Laos y Corea del Norte (República Popular Democrática de Corea)— fue escasa o nula debido a prácticas restrictivas del Estado.

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En su resolución 1745 (LIV), de 16 de mayo de 1973, el Consejo Económico y Social invitó al Secretario General a que le presentara informes periódicos
actualizados y analíticos sobre la pena capital a intervalos quinquenales a partir de 1975. En su resolución 1995/57, de 28 de julio de 1995, el Consejo recomendó que los informes quinquenales del Secretario General siguieran abarcando también la aplicación de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de las personas condenadas a la pena de muerte. En esa misma resolución, el Consejo pidió al Secretario General que, al preparar el informe quinquenal, utilizara todos los datos disponibles, incluidas las investigaciones criminológicas más recientes. El presente informe, que es el décimo informe quinquenal, contiene un examen del uso de la pena capital y las tendencias al respecto, incluida la aplicación de las salvaguardias,
durante el período 2014-2018.

De conformidad con las resoluciones del Consejo Económico y Social 1745 (LIV) y 1990/51, de 24 de julio de 1990, y con la decisión 2005/247 del Consejo, de 22 de julio de 2005, este informe se presenta al Consejo en su período de sesiones sustantivo de 2020, y se presentará también a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en su 29º período de sesiones y al Consejo de Derechos Humanos en su 44º período ordinario de sesiones.

En el informe sobre el quinquenio 2014-2018 se confirma la tendencia, documentada en informes anteriores, a la abolición y limitación del uso de la pena capital en la mayoría de los países. El número de Estados que han abolido la pena de muerte en la legislación y en la práctica siguió aumentando. Esto se refleja en el mayor número de Estados que asumen la obligación dimanante de los tratados de no aplicar la pena de muerte. En el quinquenio también se registraron alguno s años en que aumentó significativamente la cantidad de ejecuciones, que llevaron a cabo un número pequeño de Estados. La situación se estabilizó al final del período abarcado por la encuesta, y el número de ejecuciones registradas en el último año, 2018, fue el
menor en muchos años.

Las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de las personas condenadas a la pena de muerte se aplican a los Estados que mantienen la pena capital. No obstante, preocupa que se siguiera imponiendo la pena de muerte a personas que eran menores de 18 años en el momento de cometer el delito, y que se impusieran sentencias de muerte en casos en que no se cumplía la norma de los “delitos más graves”, y en casos en que los juicios correspondientes no se ajustaron a las normas internacionales.

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