La UE lamenta la dificultad de entablar un diálogo con Bielorrusia
Congreso mundial
Los representantes de las instituciones europeas reunidos en el V Congreso mundial contra la pena de muerte han demostrado su satisfacción para la resolución aprobada en le Consejo de Derechos Humanos de la ONU por iniciativa de éstas el 13 de junio de 2013 sobre Bielorrusia con 26 votos.
A través de este documento, Bruselas reitera su rechazo al único caso del continente en el que se aplica la pena capital. Pese a la voluntad de la Unión Europea (UE) de apoyar la abolición en este país, entablar un diálogo productivo con Minsk resulta aún muy complicado.
Valentín Stefanovic, representante de Viasna, una de las pocas asociaciones activas en el país para la defensa de los derechos humanos, comparte la frustración de Bruselas, aunque esto no le impida seguir en la lucha desde el interior del sistema.
El activista bielorruso sostiene que el principal problema para alcanzar la abolición no es el apoyo de la opinión pública a la pena, sino la voluntad de los dirigentes políticos de implicarse en una verdadera reforma del sistema.
“No necesitamos que se realice otra encuesta para saber si la sociedad civil está en favor o en contra de esta práctica, ya que estos datos muchas veces se manipulan”, protesta. “Hay que educar, dar formación y facilitar instrumentos para que la gente pueda elegir. El problema es que no existe un debate sobre el tema”, añade.
48 ejecuciones desde 2000
La legislación en vigor en Bielorrusia contempla 12 supuestos en los que puede aplicarse la pena de muerte. Tras la época negra de los Noventa, en los que se llevaron a cabo más de 300 ejecuciones, entre 2000 y 2013 el total bajó hasta 48, gracias a la introducción de la cadena perpetua en el código penal. El secretismo que las autoridades del país pretenden mantener alrededor del tema, es total. Los familiares de los condenados no reciben información sobre la fecha o el lugar de las ejecuciones, ni se les entrega el cadáver.
Las instituciones europeas se suman a la petición de Stefanovic para una moratoria. Bruselas dispone de un abanico muy amplio de instrumentos para actuar. “Usamos diplomacia pública, naming and shaming (denunciar claramente las prácticas que no compartimos) y contamos con una delegación en Minsk que regularmente presenta quejas sobre las violaciones de los derechos humanos”, enumera Antonis Alexandridis, miembro del Servicio europeo de acción exterior.
Política muy estricta
“A veces no somos lo suficientemente claros y contundentes a la hora de mostrar nuestro papel líder en la defensa de los derechos humanos”, asegura Alexandridis, “pero tenemos una política muy estricta sobre la pena de muerte. Es un tema siempre presentes en nuestras conversaciones, que les guste o no a nuestros interlocutores”.
Luigia de Gisi, directora de programa en la Comisión Europea, sin embargo, recuerda que las instituciones comunitarias solo pueden apoyar activamente las iniciativas locales, pero es responsabilidad de los mismos países pronunciarse a favor de la abolición.
