La Organización de Estados Americanos estudia una moratoria
Abolición
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de estos derechos en el continente, fortalece la presencia del tema de la abolición de la pena de muerte en su agenda.
En la última audiencia de la institución, celebrada el pasado 11 de marzo, esta práctica se situó en el centro de un vivo debate, en el que se abrió la puerta a la posibilidad de estudiar una resolución a nivel regional para la moratoria en las ejecuciones. La propuesta, avanzada por el representante de la misión permanente de México en la organización, Joel Antonio Hernández García, encontró el amplio respaldo de los delegados de los otros países presentes en la sesión.
Países miembros como Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Argentina, Brasil, República Dominicana y el Estado observador Francia han analizado la importancia de mantener el tema de la pena de muerte al centro de la acción de la OEA para seguir avanzando por el camino que ha dado señales de mejora en lo que concierne a la abolición de esta práctica en los últimos años.
Si por un lado el número global de países que aplica la pena capital ha ido disminuyendo año tras año, la situación en las Américas sigue levantando preocupaciones, especialmente en el Caribe. Cuba, Guatemala, Surinam y EE UU mantienen la pena de muerte en su legislación.
No es casualidad si la Jornada mundial en contra de esta práctica, que se celebrará el próximo 10 de octubre, estará enfocada hacia el Caribe.
Mientras que la mayoría de los otros países de la región ha abolido esta práctica o la mantiene solo para casos excepcionales, EE UU se confirma como el único país del continente en llevar a cabo ejecuciones, aunque se trata de una tendencia que está disminuyendo. Cuba, en cambio, asegura que la última ejecución se realizó hace diez años. Sin embargo, la pena de muerte sigue en vigor en la legislación de la isla.
“Mantener un dialogo productivo”
Carmelo Campos Cruz, de la Coalición puertorriqueña en contra de la Pena de Muerte, destaca la importancia del llamamiento a promover el debate nacional en los países retencionistas y la propuesta para aprobar una resolución en la OEA para la moratoria en las ejecuciones. “El compromiso de los países del hemisferio”, asegura, “ayudará definitivamente a mantener un dialogo productivo con aquellos Estados que mantienen la pena capital”.
La OEA advierte de que la estrategia de lucha en los tribunales ya no es suficiente, como en el caso de Trinidad y Tobago, donde la pena de muerte sigue en vigor y goza de un fuerte apoyo de la opinión pública. La organización invita los actores políticos a tomar sus responsabilidades, aunque sea a través de decisiones impopulares, y confía en la adopción de estrategias más amplias, que incluyan también la sociedad civil.
Rose-Marie Belle Antoine, comisionada de Trinidad y Tobago, criticó la actitud de algunos organismos internacionales, que interpelan a los gobiernos en los países que mantienen la pena de muerte, en lugar de utilizar un enfoque amplio, basado en la persuasión y la educación.
Campos, cuyo país, pese a haber abolido la pena capital, está sujeto a ley federal de EE UU, comparte la visión de la representante del país caribeño. “Estos planteamientos están en consonancia con la visión del grupo de trabajo del Gran Caribe por la Vida de establecer un dialogo en la región como una estrategia para fortalecer el movimiento abolicionista y la eventual desaparición de la pena capital en las Américas”, asegura.
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