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En el presente informe se exponen los desafíos en materia de derechos humanos a la
hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos fundamentales del problema mundial de
las drogas. También se ofrece una reseña de los avances positivos recientes en favor de la
adopción de políticas en materia de drogas más centradas en los derechos humanos y se
proporcionan recomendaciones sobre la manera de avanzar en vista del próximo examen de
mitad de período de la Declaración Ministerial de 2019 y para contribuir a la implementación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

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El 10 octubre, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte y las abolicionistas mundiales celebrarán el
10° aniversario de Día Mundial contra la Pena de Muerte. El Día Mundial de este año se concentra en los
logros y el progreso que se han realizado hacia la abolición. Alrededor del mundo, los países han terminado
o restringido la pena de muerte. Además, han expresado su apoyo a terminar esta práctica al ratificar el
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que aspira a la
abolición total de la pena de muerte; al igual votaron en apoyo de las resoluciones de la ONU para una
moratoria a la pena de muerte. La Coalición Mundial apoya estos pasos en la dirección correcta, a la vez
que quedamos vigilantes de los desafíos del futuro.

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Cada año, la Coalición Mundial contra la pena de muerte hace un llamado a los ciudadanos, las organizaciones
e instituciones comprometidas con la abolición universal de la pena de muerte para que organicen, el 10 de
octubre, centenares de iniciativas locales en todo el mundo. Debates, conciertos, comunicados de prensa y
otras manifestaciones dan una perspectiva amplia e internacional a la reivindicación de la abolición universal.

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Con esta guía pedagógica, la Coalición mundial contra
la pena de muerte lanza una iniciativa para la colabo-
ración quiere enriquecerse con las contribuciones de
todos y cada uno.
Esta guía tiene por vocación ser alimentada con
nuevas fichas y nuevos temas.
Será regularmente actualizada en el sitio Internet de la
Coalición Mundial (www.worldcoalition.org).
En nombre de los miembros de la Coalición Mundial,
presentes en más de 30 países en todo el mundo, les
agradecemos su apoyo

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Según el seguimiento que hace Amnistía Internacional del uso de la pena de muerte en el mundo, en 2023 se tuvo noticia de 1.153 ejecuciones: un aumento del 31% respecto de las 883 de 2022. Sin embargo, hubo un descenso significativo en el número de países que llevaron a cabo ejecuciones, que pasó de 20 en 2022 a 16 en 2023.

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Este informe examina la aplicación judicial de la pena de muerte durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2022. Amnistía Internacional informa exclusivamente sobre ejecuciones, condenas a muerte y otros aspectos del uso de la pena capital, como conmutaciones y exoneraciones, cuando hay una confirmación razonable. En muchos países, los gobiernos no publican información sobre el uso que hacen de la pena de muerte.

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Leaflet Spanish 2012

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Las noticias sobre el uso de la pena de muerte en 2011 confirman la tendencia universal hacia la abolición. En comparación con el año anterior, se redujo el número de países de los que se tuvo noticia que habían ejecutado condenas a muerte y, en términos generales, en todas las regiones del mundo se registraron avances en este erreno. Aunque Estados Unidos continuó como único país del G8 que lleva a cabo ejecuciones, Illinois se convirtió en el decimosexto estado abolicionista de la unión y, en noviembre, el gobernador de Oregón anunció una moratoria de las ejecuciones

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Las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas en Nueva York que se enumeran más abajo tienen el honor de referirse a la resolución 65/206 de la Asamblea General, titulada “Moratoria del uso de la pena de muerte”, aprobada por la Tercera Comisión el 11 de noviembre de 2010 y, posteriormente, por la Asamblea el 21 de diciembre de 2010, en votación registrada. Las referidas misiones permanentes desean dejar constancia de que mantienen objeción a cualquier intento de imponer una moratoria del uso de la pena de muerte o decretar su abolición, en contra de normas vigentes de derecho internacional, por los motivos siguientes:

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PENA DE MUERTE Y LOS CRIMENES POR DROGA
HECHOS Y DATOS
13° Día Mundial contra la pena de muerte

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PENA DE MUERTE
HECHOS Y DATOS

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En 2021 tuvo lugar un preocupante aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte, a raíz de que algunos de los verdugos más prolíficos del mundo volvieran a las andadas y los tribunales se liberaran de las restricciones relacionadas con la COVID-19. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en su informe anual sobre la pena de muerte.

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Este artículo comienza proporcionando información básica sobre los hijose hijas de padres condenados a muerte, aspectos que perduran a lo largode toda la interacción de dicho progenitor(a) con el sistema de justicia penal.Seguidamente, estudia aquellos aspectos que son similares a aquellos a losque se enfrentan los hijos e hijas de otros reclusos, pero se centra en lasdiferencias que afectan a los hijos de padres condenados a muerte. Para unainformación más detallada sobre la situación de los hijos de reclusos en todoel mundo, incluyendo recomendaciones y ejemplos de buenas prácticas, léaseel artículo de QUNO del año 2012:Convictos colaterales. En tercer lugar, seconsideran las cuestiones radicalmente distintas, aquellas que experimentanúnicamente los hijos cuyos padres o madres han sido condenados a muerte. Alo largo de todo el artículo se incluye un número limitado de recomendaciones;no se pretende que sean absolutas, sino que tan solo abarcan aquellosámbitos donde ya existe evidencia de un progreso positivo.

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En 2010 se tuvo constancia de que se llevaron a cabo ejecuciones judiciales en no menos de 23 países. Son cuatro países más que en 2009, año en que Amnistía Internacional registró el menor número de países que habían ejecutado a personas desde que la organización comenzó a hacer seguimiento de las cifras sobre pena de muerte.

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El articulo se centra en los hijos y hijas de padres sentenciados a la pena de muerte. Explora los impactos, de diversa indole y multiples facetas de la condena a pena de muerte sobre los hijos.

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Desde el momento del arresto hasta décadasdespués de la ejecución o liberación de unpadre o una madre acusados de un crimencapital, la situación mental y bienestar de los niñosy niñas, su situación de vida y relación con otros,pueden todos verse afectados, por lo común,de manera devastadora. El trauma inherentede saber que un ser querido va a ser ejecutadopuede verse exacerbado por la indiferencia uhostilidad pública, y por las autoridades que noreconocen la situación de esos niños y niñas odeliberadamente se rehúsan a tomarla en cuenta. Esta publicacion se interesa a los retos para sostener estos ninos.

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Durante 2017, Amnistía Internacional registró un mínimo de 993 ejecuciones en 23 países: una reducción del 4% respecto a 2016 (con 1.032 ejecuciones) y del 39% respecto a 2015 (cuando la organización informó de 1.634 ejecuciones, la cifra más cuantiosa desde 1989). China siguió siendo el mayor ejecutor del mundo, pero excluyendo a China, el 84% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan sólo cuatro países: Arabia Saudí, Irán, Irak y Pakistán.

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Este informe trata sobre la aplicación judicial de la pena de muerte durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020.

Como en años anteriores, se ha recabado información de diversas fuentes, entre ellas, las cifras oficiales disponibles, las sentencias dictadas, información de personas condenadas a muerte y sus familias y representantes, informaciones de los medios de comunicación y, en relación con algunos países, informes de otras organizaciones de la sociedad civil.

Amnistía Internacional informa exclusivamente sobre ejecuciones, condenas a muerte y otros aspectos del uso de la pena capital, como conmutaciones y exoneraciones, cuando hay una confirmación razonable.

En muchos países, los gobiernos no publican información sobre el uso que hacen de la pena de muerte. En China y Vietnam, la información sobre el uso de la pena capital está clasificada como secreto de Estado. En 2020, la información disponible sobre algunos países —concretamente Laos y Corea del Norte (República Popular Democrática de Corea)— fue escasa o nula debido a prácticas restrictivas del Estado.

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